La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs) de Andalucía, AGRECA, celebra la sanción impuesta por la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Desarrollo Sostenible por un vertido incontrolado de RCDs en una parcela situada en el Polígono de Las Salinas, en El Puerto.

El proceso sancionador de la Delegación Provincial de Cádiz, iniciado en noviembre del pasado año, resuelve ahora penar al propietario de la finca por una infracción administrativa en materia de protección ambiental. En la resolución se impone al responsable de dichas infracciones una multa económica de 7.000 euros, así como la obligación de restituir el terreno a su estado anterior a convertirse en un vertedero incontrolado de residuos de construcción y demolición.

El inicio de este expediente por infracción en contra de la protección ambiental, por el vertedero incontrolado en una parcela del Polígono de Las Salinas  es la respuesta a la denuncia interpuesta por AGRECA en septiembre de 2018.

En ella, la asociación demandaba que en la citada parcela  se estaba llevando a cabo un vertido incontrolado de residuos, destinando los escombros a rellenar dicha parcela. Además, AGRECA, hacía constar que el depósito de los residuos efectuado de forma ilegal en la finca se estaba realizando sin ningún tipo de tratamiento, gestión ni control de los mismos.

Dicha actividad  atenta contra el medio ambiente y los recursos naturales, vulnerando la normativa actual sobre el reglamento de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, constituyendo un delito contra la protección ambiental.

Por otro lado, el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento de El Puerto ordenaba al propietario de la finca proceder a la limpieza, vallado y cierre de dicho solar. Especificaba además que de no cumplirse la orden de ejecución sería el propio consistorio el que se encargaría de realizar las obras requeridas, siendo el propietario el que se haría cargo de las costas de los trabajos a realizar, valorados en 35.480 euros.

El Ayuntamiento podría aplicarle multas coercitivas que podrían llegar a los 350.000 euros. Además, también sancionaba al propietario de la parcela por vertido incontrolado de residuos de RCDs, así como por un delito en contra del medio ambiente, pues las diligencias llevadas a cabo por el ayuntamiento confirmaban que unos meses la acumulación de escombros en la finca era mayor y su estado había empeorado. Una situación que el consistorio entiende como peligroso puesto que podría provocar la proliferación de insectos y roedores, así como podría dar lugar a nuevos vertidos, convirtiendo la zona en un vertedero incontrolado.