Tres de los cinco partidos que conforman la oposición en la Diputación de Cádiz reaccionaron ayer con indignación tras conocerse el uso político que hace el PSOE de los asesores del gobierno provincial. De esta manera, y aunque con matices diferentes, PP, IU y Andalucía por Sí (AxSí) reprocharon la "escasa fiscalización" que se hace sobre el trabajo de estos asesores, exigieron explicaciones a la presidenta de la Diputación y secretaria provincial del PSOE, Irene García, y coincidieron en que la dirigente socialista "se inventa puestos de trabajo para pagar favores a miembros de su partido con dinero público".

Este periódico publicó ayer que el gobierno de la Diputación había batido un récord histórico al llegar a la veintena de asesores, todos del PSOE, que el coste salarial de estos cargos de libre asignación se había incrementado un 75% en los seis años que Irene García lleva en la Presidencia y también que la mitad de esta veintena de asesores no pisa la Diputación porque están centrados al cien por cien en sus obligaciones como alcaldes o como líderes locales del PSOE en sus municipios de origen.

Ante estas evidencias el Partido Popular (PP) llega a la conclusión de que Irene García "ha usado el dinero público para montar una merienda en la Diputación pero sólo para los cargos socialistas". Así lo resumió el portavoz adjunto del Grupo Popular en la institución provincial, Juancho Ortiz, quien considera que el escándalo de los asesores en la Diputación gaditana “no es algo nuevo” y que era algo que iba a salir a la luz "tarde o temprano".

Ortiz, concejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, quiere dejar muy claro que su partido no está en contra ni del número de asesores del gobierno provincial, ni de los sueldos que están estipulados. "Nuestro planteamiento es muy claro y de ahí que le demos la bienvenida a todo aquel asesor cuyo trabajo pueda ir en beneficio de la Diputación, de la provincia y de la sociedad gaditana. Pero lo que no es de recibo es que se contrate a personas en beneficio sólo del aparato del PSOE", dijo. "Unos asesores no aparecen por la Diputación y a los que aparecen algo no se les conoce cometido alguno, ni rendimiento. Eso no se puede permitir", reflexiona el número dos del Grupo Popular en esta institución provincial.

Además, Juancho Ortiz echó en cara a Irene García que con estas decisiones "contribuya a manchar más la imagen de la política en general". "Con tantas prebendas a cargos públicos, ¿qué le decimos a quienes usan estos argumentos para criticar la política en general?", se preguntó en voz alta.

Igual o más contundente se mostró Carmen Álvarez, portavoz del Grupo de IU en la Diputación gaditana y responsable de Política Municipal de la ejecutiva provincial de su partido. Álvarez parte de la idea de que contar con personal técnico "puede ser bueno para garantizar el correcto funcionamiento de cualquier institución pública" pero a renglón seguido subraya que "lo que no es de recibo es darle a eso un uso partidista, algo que hay que erradicar cuanto antes y algo de lo que creo que en IU estamos dando ejemplo en aquellos municipios en los que gobernamos".

Por todo ello, la política sanluqueña llega a la conclusión de que su paisana Irene García "sostiene con dinero público a candidatos de su partido que fueron derrotados en las elecciones y se inventa puestos de trabajo para otros de sus compañeros socialistas que ya no están en la primera línea de la política".

Por su parte, desde las filas de AxSí se pidió ayer "explicaciones oportunas" por parte de Irene García "a la Corporación Provincial y sobre todo a la sociedad". Para la algecireña María José Jiménez, coordinadora provincial de esta formación andalucista, "las liberaciones del gobierno provincial hay que valorarlas según la rentabilidad que la provincia obtenga de ellas". Por ello, apostilló que el hecho de que la mitad de estos asesores no pisara la Diputación "significaría que se está dotando de recursos y tiempo a políticos municipales socialistas en beneficio electoral de su partido en vez de obtener mayor eficacia en la gestión de los recursos públicos".

Este periódico también pidió ayer una valoración tanto a Adelante Cádiz –cuyo portavoz en la Diputación es el alcalde de Cádiz, José María González Kichi– como a Ciudadanos, pero ambos grupos rehusaron hacerlo.