El Gobierno baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, incluidas las de la provincia de Cádiz, donde se consiguió en  2019 eliminar el peaje de la autopista AP-4 tras 26 años de prórroga. En Cádiz, además de la autopista hay distintas autovías con importante volumen de tráfico y que también incluirán pagos según los planes que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas.

Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, que consta en el plan presentado a Bruselas para el acceso a los fondos del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación para paliar los efectos de la crisis económica provocada por el coronavirus.

De acuerdo con el texto enviado a Bruselas, se plantea un "mecanismo de pago" para avanzar hacia "la internalización de los costes internos" bajo el principio del "usuario pagador" y de que "quien contamina, paga". El Gobierno también indica que pretende la implantación de este pago primero en la red de alta capacidad (autopistas y autovías) y posteriormente a otras redes "de forma progresiva".

Ese campaña de concienciación tendrá que ser importante porque de momento, las primeras reacciones no son positivas. La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha manifestado su rechazo a la propuesta del Gobierno de cobrar a los usuarios de todas las carreteras estatales y regionales a partir de 2024, porque "terminará perjudicando a los usuarios que tienen menor poder adquisitivo".

FACUA considera que el mantenimiento de las carreteras estatales debe estar financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que salen de los impuestos directos de los ciudadanos. Así, alerta de que la medida afectará más a los usuarios con menor poder adquisitivo, que sufrirán un "perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública".

Asimismo, valora que la medida supondrá también un "claro perjuicio" para los usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos y tienen que utilizar estas vías de manera habitual para desplazarse a centros de trabajo, colegios, hospitales, etcétera.

La organización critica también la solución del Gobierno porque considera que consistirá en un "auténtico copago o repago", al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos. Igualmente, la asociación critica también el "momento" en el que se plantea la medida y denuncia que no existe una apuesta "clara" por fomentar un transporte colectivo "eficaz y eficiente", de manera que represente en la práctica una auténtica alternativa al uso del automóvil para los desplazamientos de los usuarios.

Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras. Si de Cádiz a Sevilla hay unos 120 kilómetros , el viaje costaría algo más de 6 euros de pago.

El Gobierno también aclara que el sistema podría ser "escalable y progresivo", es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje.

Esta progresividad en la aplicación de la medida responde al esperado rechazo que causará en la población. Por ello, defiende que se determinarán tarifas "asumibles pero que garanticen la financiación".

La DGT, a favor

El director General de Tráfico, Pere Navarro, se muestra partidario de implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado. "En todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos", ha afirmado.

El responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha defendido esta posibilidad en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado, para explicar las política del Gobierno en materia de seguridad vial y las últimas reformas aprobadas para reducir el número de víctimas de accidentes de tráfico.

En su intervención, Navarro ha explicado que en España, tras el fin de las concesiones, este coste lo está asumiendo "el presupuesto del Estado". "No podemos. Usted, cuando va en tren, no va gratis. Hay unas infraestructuras que hay que pagarlas aquí y en cualquier país", ha manifestado, para después añadir que "se puede discutir" si sólo se paga por el coste de la conservación y el mantenimiento.

Asimismo, el director de Tráfico ha declarado que implementar el sistema de pago en estas vías "es un tema de Estado". "Haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema de Estado. No podemos cargar a los presupuestos del Estado la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carteras de alta velocidad", ha subrayado.

De este modo, Pere Navarro ha defendido que, en esta cuestión, "el que usa lo paga" y ha instado a los grupos a ponerse de acuerdo en esta materia porque si no, según ha apuntado, Bruselas le dirá a España: "Te envió dinero, pero no es para que paguéis la conservación y el mantenimiento de la carretera.

No obstante, ha matizado que cuando se implementa un peaje "del tipo que sea, normalmente, "siempre se excluyen algunos casos" como los viajes cotidianos por temas laborales, por razones de estudios o, incluso, médicos.

Preguntado sobre si le preocupa que esta medida traslade el tráfico a las carreteras convencionales, donde hay una mayor siniestralidad, Navarro ha contestado que no y ha argumentado que "el viaje largo se hace por autopista o autovía". "Nadie se va a meter a hacer un viaje largo por la carretera convencional", ha zanjado.

Dos o tres años

Basándose en la experiencia internacional, el Ejecutivo cree que el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional es de entre dos y tres años.

No obstante, el Gobierno insiste en que buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad.

Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte.

En este sentido, el Gobierno se escuda en varios elementos para justificar esta medida, siendo la minorización de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficiencia del transporte algunos de ellos.

Sin embargo, la principal razón es el abultado déficit que arrastra la conservación de las carreteras. "Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios", señala el texto.

Situación en Europa

Tras la directrices apuntadas por Europa en el marco de la última gran crisis financiera, Portugal introdujo peajes en toda su red de alta capacidad, no solo para vehículos pesados, como requería Bruselas, sino en todos ellos, incluidos los ligeros, es decir, a todos los ciudadanos.

En España, lejos de introducir peajes, las políticas han ido en sentido contrario, en no renovar las concesiones que llegaban a su fin, lo que ha permitido liberar de peajes varias autopistas que ahora son gratuitas. Además de en Portugal, en Francia e Italia prima el pago por uso, mientras que en Alemania todas las autopistas son gratuitas.

La implantación de un peaje medio en España de 4 céntimos por kilómetro supondría un pago de 9 euros para ir desde Madrid a Burgos, de 12 euros para viajar entre la capital y Zaragoza, de unos 14 euros para ir hasta Valencia, 15 a Córdoba, 16 euros a Badajoz o 22 euros a La Coruña.