Tribunales Cádiz

Fiscalía pide 19 años de cárcel para la pareja acusada de maltratar y estafar a varios ancianos en Chiclana

  • Los procesados permanecerán en prisión hasta que se celebre el juicio en la Audiencia de Cádiz.

  • El juez subraya que la pareja cuenta con bienes valorados en más de 500.000 euros además de disponer de 1.886.000 euros en sus cuentas corrientes

María Babes, una de las víctimas de la 'casa de los horrores' de Chiclana. María Babes,  una de las víctimas de la 'casa de los horrores' de Chiclana.

María Babes, una de las víctimas de la 'casa de los horrores' de Chiclana. / D.C.

El juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Chiclana de la Frontera ha dictado auto de apertura de juicio oral contra la pareja de nacionalidad alemana y cubana acusada de estafar y maltratar a varios ancianos a los que cuidaban en esta localidad gaditana, hechos por los que la Fiscalía ha solicitado para cada uno de los procesados un total de 19 años de cárcel.

En un auto dictado el día 8 de abril, el juez acuerda la apertura de juicio oral y tiene por formulada la acusación contra ambos por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público, un delito de maltrato habitual y cuatro delitos de lesiones, requiriéndoles para que presten una fianza de 1.009.112,22 euros a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, todo ello “con el apercibimiento de que, de no prestarla, se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar” dicha suma.

El instructor, que declara a la Audiencia Provincial de Cádiz órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa, ratifica asimismo la prisión de los dos encausados acordada por la propia Audiencia Provincial, que estimó el recurso de la Fiscalía contra los autos de 12 de noviembre de 2019 en los que el juez dejó en libertad provisional bajo fianza de 30.000 euros a los acusados.

El Ministerio Público reclama para cada investigado 12 años de prisión y el pago de una multa de 21.600 euros por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público; tres años de cárcel y cinco años de prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de una de las víctimas por el delito de maltrato habitual, y un año de prisión y tres años de prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de dicha perjudicada por cada uno de los cuatro delitos de lesiones que les atribuye.

Asimismo, la Fiscalía ha pedido que ambos encausados, identificados como E.M.R. y M.A., indemnicen solidariamente a la víctima referida con un total de 852.642 euros, así como que indemnicen de manera solidaria al Estado español en la cantidad de 156.470,22 euros por las cantidades de las que supuestamente dispusieron de forma indebida.

El fiscal presentó su escrito de acusación tras el auto de 29 de noviembre de 2019 en el que el instructor acordó continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado, auto en el que el juez indicó que, “a la vista de las diligencias practicadas”, se deducía que los dos investigados “se habrían prevalido de la situación de vulnerabilidad” en la que se encontraban dos ancianas a las que supuestamente cuidaban para acudir a un notario de Cádiz con el fin de que la investigada “quedara instituida como heredera universal en la herencia” de una de estas ancianas, “así como otorgar un poder de representación a su favor en nombre” de esta mujer.

Según precisa el instructor, mientras la anciana vinculada a dicha herencia se encontraba ingresada en una clínica, los investigados habrían trasladado a la otra afectada en un coche hasta la ciudad de Cádiz, donde tenían previsto acudir a un notario “a fin de que éste autorizara las escrituras que habían concertado previamente”. Así pues, esta mujer firmó las escrituras como si se tratase de la otra anciana.
El juez añade que las pesquisas practicadas revelan que los investigados “podrían haber llevado a cabo actos similares desde septiembre de 2007, momento en que dejaron de trabajar para la residencia de ancianos en la que prestaban servicios por cuenta ajena en la isla de Tenerife”.
Al hilo de ello, alude al estudio de las cuentas y movimientos patrimoniales llevados a cabo por los investigados y resalta que el valor total de los bienes de la investigada es de 331.000 euros, teniendo 1.005.699,66 euros en cuentas corrientes y habiendo recibido 58.293,195 euros de rendimientos del trabajo, mientras que su pareja cuenta con bienes valorados en 185.000 euros, 808.295,91 euros en cuentas corrientes y 58.293,195 euros por rendimientos del trabajo.

Desplazamiento de grandes sumas de dinero

Según asevera el juez, “del resultado de las diligencias instructoras podría articularse una verdadera intención criminal por parte de los investigados, quienes se prevalían de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los ancianos para obligar a estos a otorgar poderes a su favor y, con ello, conseguir desplazamientos patrimoniales de grandes cantidades de dinero o activos inmobiliarios”.
De este modo, ambos encausados “vendrían a gestionar tales bienes en su propio beneficio, sin dar cuenta alguna de su gestión a los poderdantes y logrando una completa confusión entre el patrimonio que se habían obligado a gestionar y el suyo propio”, tal y como supuestamente resulta de las “numerosas transferencias de dinero y bienes inmuebles que se producen” por parte de ambos en el caso concreto de dos de los ancianos afectados.
El instructor agrega que, “a los hechos de índole patrimonial, cabe añadir, de nuevo con las cautelas de este estado procesal, los delitos contra las personas que presumiblemente podrían haber cometido”, haciendo referencia en este punto al caso de la anciana a la que suplantaron la identidad ante notario, que ya ha fallecido y que ingresó en el Hospital de Puerto Real el 14 de octubre de 2017 “en un estado deplorable de salud”.
“Si bien no es posible articular una relación de causalidad entre el fallecimiento” de esta mujer “y los cuidados deficitarios que presuntamente recibía de los investigados, resulta llamativo que ingresó en el Hospital en un estado lamentable de salud para posteriormente experimentar una mejoría que se mantendría” hasta su fallecimiento.

Así, los informes médicos forenses determinan que las lesiones que presentaba la anciana al ingresar en el hospital consistían en desnutrición, deshidratación y déficit de higiene, tras lo que el 19 de noviembre de 2018 se le realizó una exploración donde “ya no presentaba estos síntomas”, por lo que “es evidente que su situación mejoró desde que no estuvo bajo el cuidado de los investigados”, misma conclusión a la que el instructor llega en el caso de otro anciano.

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