Del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Durante esos días está previsto que se celebre en la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio por el caso Convenios Urbanísticos, una causa que llevará de nuevo al banquillo de los acusados a Eva Corrales, la ex alcaldesa popular de Rota que ingresó recientemente en prisión después de que el Gobierno le denegara su petición de indulto tras ser condenada a cuatro años y medio de cárcel por el caso Horas Extra.

Junto a Corrales se sentará el que fue socio de gobierno durante años, el también ex alcalde de Rota por Roteños Unidos (RRUU) Lorenzo Sánchez, para el que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión por un delito continuado de cohecho pasivo.

En su escrito de acusación, el fiscal sostiene que Lorenzo Sánchez adjudicó de manera arbitraria diversas obras públicas al empresario Felipe Castellano Moreno a cambio de que éste comprase materiales de construcción y equipos de protección a sus empresas. El fiscal calcula que Sánchez facturó de ese modo a las empresas de Castellano una cantidad aproximada de medio millón de euros entre 2007 y 2011.

Eva Corrales era concejal delegada de Planeamiento cuando ocurrieron los hechos que describe el fiscal en sus conclusiones provisionales. Para ella solicita 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Para el empresario Felipe Castellano, acusado de un delito de cohecho activo, el fiscal solicita cuatro años de prisión. También que indemnice al Ayuntamiento de Rota con 1,6 millones de euros por la urbanización de las avenidas Mayeto y Carboneras. En ese apartado económico, el fiscal pide que sea decomisados los 532.851 euros que sostiene que recibió Lorenzo Sánchez "en concepto de dádiva".

Un negocio "redondo"

El fiscal explica en su escrito de acusación que fueron tres los convenios urbanísticos firmados con la finalidad de enmascarar una adjudicación directa de obras públicas a las empresas de Felipe Castellano: Naves Nido, un colegio y un centro de salud. Con los convenios, el Ayuntamiento de Rota asumía la obligación de entregar un dinero procedente de subvenciones públicas a las empresas de Castellano. Le financiaban así, dice el fiscal, la ejecución de obras privadas que debería asumir ese constructor. El negocio para Castellano era "redondo" y las empresas del entonces alcalde recibían su compensación, afirma la Fiscalía.