Pleno

La Diputación le pide a la Junta una fecha para abandonar el edificio de la Audiencia provincial

El presidente de la Diputación,  Juan Carlos Ruiz Boix, levanta la mano en una votación del pleno.

El presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, levanta la mano en una votación del pleno. / Tomás Gómez

La Diputación de Cádiz le pedirá a la Junta de Andalucía que en el plazo de 20 días comunique una fecha para trasladar la sede de la Audiencia provincial a otra ubicación. Con los votos favorables del PSOE y La Línea 100x100, el pleno ha aprobado por vía de urgencia un requerimiento a la administración andaluza para que fije  así  la "fecha la finalización del contrato de arrendamiento, y reconozca la obligación de abonar por el uso de la finca una renta anual (…) comprometiéndose al pago de las rentas no prescritas”.

Añade en su resolución que en caso de no ser atendido este requerimiento “se ejercitarán las acciones judiciales” que sean necesarias “para obtener el restablecimiento del equilibrio contractual o, en su caso, la resolución del contrato”.

El presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha vuelto a defender que se trata de  “una permuta fallida que debería deshacerse” y que “incluso hemos pedido a la Junta que si no va a utilizar el solar de la calle Brunete nos lo devuelva”. A juicio del presidente de Diputación estamos ante “una permuta fallida que debería deshacerse”.

Por su parte el alcalde de Cádiz, José María González, también diputado provincial, se abstuvo en este punto pero pidió al presidente "que más allá de la legitimidad de la reclamación que está haciendo, se arroje sentido común y que no se haga sin haber oído la voz de los que habitan el edificio". Ruiz Boix ha apuntado que las pretensiones de Diputación ya fueron comunicadas y explicadas al presidente de la Audiencia Provincial, aclarando que en ningún caso se ocasionarán perjuicios a los profesionales que trabajan en estas dependencias. “Reclamamos los derechos económicos que corresponden a Diputación ante lo que no es admisible una dejación de funciones por mi parte”, expuso el presidente.

El portavoz del PP, Juancho Ortiz, no ha entendido la urgencia de este punto ni la justificación de la misma, "ya que se lleva hablando de la Ciudad de la Justicia más de 20 años". Además, ha asegurado que la clausula cuarta del acuerdo dice "todo lo contrario", pidiendo "más cordura y rigor".

La propuesta

En su parte expositiva la propuesta refiere el inicio de una relación contractual que se origina en octubre de 2008 con la firma del acuerdo de permuta por el que se intercambian dos bienes: el solar de la calle Brunete, entonces propiedad de Diputación, donde se emplazaba la sede del Instituto Nacional de Empleo, y el edificio de la Audiencia, de titularidad autonómica. La operación se resolvía para que la Junta dispusiera de los terrenos necesarios para construir la Ciudad de la Justicia.

Al valorar ambas propiedades se dedujo un saldo a favor de la Junta de 1.124.284,96 euros. Una diferencia que se tradujo en una renta, en virtud de un contrato de arrendamiento por cuatro años, que no fue satisfecha para compensar dicha diferencia de valor. El 22 de octubre de 2012 concluyó el plazo inicialmente establecido sin que la administración autonómica hubiera materializado la Ciudad de la Justicia por lo que se activó una ampliación de plazo, prevista en la cláusula cuarta del contrato alcanzado entre Diputación y Junta.

Sin embargo, la Junta de Andalucía no sólo descartó el solar de la calle Brunete como ubicación de la Ciudad de la Justicia, sino que ha confirmado que al nuevo emplazamiento previsto –los antiguos depósitos de Tabacalera- tampoco se mudarán los servicios judiciales sitos en la Audiencia. Ante esta tesitura se expresa, en la moción aprobada por el Pleno, que la prórroga del contrato sin derecho a renta se estableció “con una clara finalidad transitoria para cubrir un desajuste puntual en la finalización de las obras”, pero que no puede derivar en “una situación permanente” “sin perspectiva de fecha para su conclusión”.

La Diputación defiende que la actual situación ocasiona un “evidente desequilibrio patrimonial para la Diputación”, ya que no puede disponer de la sede de la Audiencia, ni percibe renta alguna. Circunstancias que, al entender de Diputación, desnaturalizan el contrato con la Junta, suponen “un abuso del derecho no amparado por la ley” y quiebran “el principio de buena fe contractual”.

La moción validada por el Pleno estima que, al final, es la ciudadanía la principal perjudicada ante “una evidente y flagrante falta de planificación de la Junta de Andalucía en nuestra provincia”, que se revela en situaciones como la demora de la Ciudad de la Justicia o “los traslados de juzgados a sedes manifiestamente insuficientes y provisionales”.

La propuesta también incluye la reciente reunión mantenida entre el presidente de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, con el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y que no registró avance alguno.

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