La crisis del coronavirus Csif Cádiz exige al SAS que no permita la distribución de nuevos materiales de protección antes de comprobar su eficacia

  • El sector de Sanidad de la central sindical insiste en que los profesionales que han usado las mascarillas retiradas han de ponerse en cuarentena de forma automática

  • Ha acudido a la Inspección de Trabajo y está valorando acudir a la vía judicial por el reparto de material de dudosa garantía 

Trabajadores de ambulancias en la entrada del Hospital Puerta del Mar. Trabajadores de ambulancias en la entrada del Hospital Puerta del Mar.

Trabajadores de ambulancias en la entrada del Hospital Puerta del Mar. / Jesús Marín

El sector de Sanidad de Csif Cádiz exige al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que no vuelva a permitir la distribución de materiales de protección para los profesionales sanitarios antes de realizar los controles propios que garanticen su eficacia. "La retirada de lotes de dos modelos de mascarillas, ordenada este martes, indignó a todos los profesionales, que se sienten engañados y bajo un estrés adicional por la incertidumbre que genera esta situación, pues no solo afecta a ellos, sino también a sus familiares, además de poner en riesgo a los usuarios y pacientes de los centros sanitarios", manifiestan desde Csif. 

La Central Sindical insiste en que los profesionales que han usado las mascarillas retiradas deberían ser puestos en cuarentena automáticamente, de forma preventiva, y que no acudan a su puesto de trabajo hasta que no tengan resultados negativos en las pruebas diagnósticas que se les están practicando. Sin embargo, señala que actualmente hay disparidad de criterios entre las distintas direcciones de los centros sanitarios para proceder al aislamiento y Csif tiene constancia de que, de forma generalizada, el personal afectado no está siendo aislado.  

Al mismo tiempo, este sindicato ya ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo esta situación y está valorando la posibilidad de ampliar su denuncia por vía judicial contra la administración autonómica por la desprotección a la que se ha sometido a los profesionales sanitarios. 

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