El portavoz de AxSí San Fernando, Fran Romero, ha exigido la salida inmediata del gobierno municipal de la que hasta hace unos días era delegada de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, después de que los últimos informes elaborados por los técnicos municipales hayan confirmado las "irregularidades" cometidas por la edil en la ejecución de las obras de una casa de su propiedad adquirida al Obispado en pleno centro de San Fernando. 

Romero ha analizado con detalle los informes elaborados por los arquitectos municipales y por el servicio jurídico, así como el decreto firmado por el concejal Conrado Rodríguez, por el que, con fecha de 28 de marzo, se incoa un procedimiento administrativo "para el restablecimiento del orden jurídico perturbado por estar ejecutando obras de ampliación edificatoria por más de 20 metros cuadrados" sin cobertura legal. 

Para el edil andalucista, la forma de proceder de Claudia Márquez, la responsable de Urbanismo hasta hace poco menos de una semana, "la excluye éticamente de la política". 

Romero, además, no ha dudado en poner de manifiesto la incongruencia que supone, aún después de su dimisión del área de Desarrollo Urbano, que un miembro del gobierno de Patricia Cavada vaya a recurrir en los tribunales un acto administrativo del propio gobierno de Patricia Cavada: el decreto firmado por Conrado Rodríguez tras los informes elaborados por los técnicos, cuyas conclusiones -ha advertido- resultan "demoledoras" e incluso apunta a la "falsedad documental". 

AxSí pide la salida de Claudia Márquez del gobierno en San Fernando

"Este documento indica que en el plano remitido por el servicio de rentas se observa que la única construcción en planta alta de dicho inmueble tiene una superficie construida de 24 metros cuadrados frente a lo dibujado como supuesto estado de la finca en el documento técnico aportado por la arquitecta  y delegada de Urbanismo, que establece un volumen mayor, concretamente una superficie construida de 44,60 metros cuadrados", advierte el portavoz de AxSí San Fernando, que sostiene que la planimetría, las fotografías aéreas y las evidencias observadas presencialmente llevan a los técnicos municipales a afirmar que "los planos del documento de la propietaria no obedecen a la realidad justamente anterior": 

Además, en dichos informes se advierte que la orden de ejecución bajo la que se acometen las obras "ni ampara ni puede amparar una ampliación volumétrica". 

"No ampara la reconstrucción de algo que no existía, pero además en el caso de que hubiese existido este castillete la actuación hubiese necesitado de un procedimiento de licencia de obras y no de un expediente de orden de ejecución cuyo único fin es la seguridad, la salubridad y el  ornato público", afirma Romero. 

En el informe jurídico de 22 de marzo, añade, se advierte también que "se está edificando en la primera planta un elemento que no se corresponde con el estado de la finca en el momento de presentar y acometer las obras y que, en ningún caso, el contenido del proyecto se identifica con el objeto de la orden de ejecución". 

El portavoz de AxSí no ha dudado en apuntar también a la alcaldesa, Patricia Cavada, a la que ha acusado de "premiar" a la edil a pesar del "escándalo urbanístico" en la redistribución del equipo de gobierno que ha desencadenado las obras de su casa, porque sale de Desarrollo Urbano pero asume competencias en Desarrollo Económico y en la Agenda 2030, "ese cajón de sastre que el PSOE usó para colocar a López Gil y ahora a Claudia Márquez". "Sigue presente en el gobierno municipal una concejala a la que cada vez apuntan más evidencias de presunta falsedad documental, conflicto de intereses que ignora sistemáticamente y procederes ilegales". 

"Cavada la premia y la pone al frente de otra área de gestión presupuestaria consistente en captar subvenciones y manejar fondos europeos", afirma el portavoz de AxSí, que recuerda que el cónyuge de la edil -"y ella misma, porque la titularidad es ganancial", matiza- es administrador de una empresa que se dedica a conseguir licitaciones y subvenciones públicas. 

Romero ha recordado que fue la propia regidora la que presidió la comisión municipal de patrimonio en la que se dictaminó de forma favorable el proyecto, lo que -afirma- prueba de manera fehaciente que la alcaldesa conocía que la finca había sido comprada por la concejala al Obispado y que sobre la misma pesaba una orden de ejecución que ella misma se había dictado.