El alcalde de San José del Valle, el socialista Antonio González Carretero, se sentará de nuevo en el banquillo acusado del cobro irregular de tasas municipales. De una parte, la Fiscalía Anticorrupción procesa al regidor vallense por favorecer a algunos feriantes del pueblo al eximirles del pago de determinados impuestos para instalarse en el recinto ferial en 2016. Asimismo, el fiscal sostiene que Carretero cobró a otros feriantes ese mismo canon de ocupación de manera ilegal, puesto que sus casetas se ubicaban en suelos privados, no públicos. El Ministerio Fiscal considera que el primer edil es responsable de los delitos de prevaricación y exacciones ilegales y pide para él la pena total de 11 años de inhabilitación para cargo electo y multa de 2.160 euros.

González Carretero ya fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a nueve años de inhabilitación para cargo público por prevaricación al no derribar ni multar una construcción ilegal en el municipio vallense. Si bien en un principio la Audiencia de Cádiz lo absolvió, el Alto Tribunal andaluz decidió que su actitud era merecedora de reproche penal tras estimar el recurso planteado por la Fiscalía. Esa condena de nueve años de inhabilitación fue recurrida igualmente por alcalde de San José del Valle ante el Tribunal Supremo, órgano que aún no se ha pronunciado sobre este asunto.

Respecto al caso de las tasas municipales, las conclusiones provisionales del fiscal recogen que en el verano de 2016 y con motivo de la celebración de la feria de San José del Valle, Antonio González Carretero dictó el 25 de mayo de ese año un decreto para exigir el cobro de tasas por ocupación de terrenos a seis feriantes de la localidad cuyas casetas se ubicaban en "terrenos privados" y "no públicos", en concreto, en la calle Parada Baja, 26. El primer edil adoptó esta resolución "con conocimiento de su ilegalidad, de manera arbitraria y anteponiendo su voluntad y capricho a la ley, pese a las advertencias realizadas por la secretaria interventora del Ayuntamiento", afirma Anticorrupción, que precisa que la cuantía total que abonaron los adjudicatarios fue de 1.709,4 euros.

Del mismo modo, prosigue el escrito de calificación fiscal, el alcalde de San José del Valle dictó otro decreto con fecha de 26 de mayo de 2016 para cobrar tasas municipales de ocupación a trece feriantes que instalaron sus puestos, barracas y casetas de venta (churrerías, heladerías, hamburgueserías...) sobre terrenos privados -no municipales- en la avenida Alcalde Arturo Mariscal, 16. Pagaron en su conjunto una suma de 1.058,95 euros. 

"La cantidad exigida indebidamente, con conocimiento de su improcedencia, por parte de Antonio González Carretero alcanzó la cantidad de 2.768,35 euros", especifica el fiscal para luego añadir que "los perjudicados no la reclaman".

Por otro lado, continúa el fiscal Anticorrupción, el regidor vallense emitió un tercer decreto, con fecha de 26 de mayo de 2016, por el que "eximió del pago de la tasa" a determinadas atracciones de feria que, sin embargo, se emplazaban en terrenos públicos, por lo que "sí era obligatorio exigirles" el pago de un gravamen conforme establece la ordenanza fiscal reguladora de ocupación de dominio público.  

Según la acusación pública, en ese decreto se eximió del pago de la tasa a los feriantes de las atracciones de la feria a cambio de un "acuerdo ilegal". Dicho pacto consistía en que los feriantes rebajarían los precios de los cacharritos en determinados días y a su vez entregarían al Ayuntamiento 30 tickets como compensación por no abonar los cánones de ocupación. 

Por último, concluye Anticorrupción, en ese decreto no se individualizó el lugar exacto en el que se instalarían cada una de las atracciones de feria, "sin que conste en el Ayuntamiento ningún documento que permita conocer su localización exacta, si bien se sabía que parte de las atracciones -tanto mayores como infantiles- estaban en terrenos privados en la avenida Alcalde Arturo Mariscal y parte, en terrenos públicos del Ayuntamiento en esa misma avenida".