El sindicato Acaip-UGT ha realizado una valoración positiva del paso dado en el Congreso de los diputados y por el grupo que sustenta al actual gobierno nacional, después de que en la tarde de ayer se aprobara la toma en consideración del proyecto de Ley de modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), por la que los funcionarios de prisiones tendrán la consideración de agentes de la autoridad. 

El grupo parlamentario socialista defendió esta propuesta, que contó con el respaldo de la práctica totalidad de los partidos que componen el hemiciclo. El diputado David Serrada, encargado de exponer la propuesta, valoró en su intervención el trabajo realizado por los sindicatos en la mesa delegada de Instituciones Penitenciarias, en concreto Acaip-UGT, CSIF, CCOO y CIG, "para conseguir una reivindicación histórica de los empleados públicos penitenciarios, fruto de la negociación y el acuerdo", expone Acaip.

Según ha señalado Acaip-UGT en un comunicado de prensa, la modificación del artículo 80 de la LOGP implica que las agresiones que se produzcan a los funcionarios por parte de los presos "serán juzgadas como atentado a agentes de la autoridad". Además, los partes de los funcionarios tendrán "presunción de veracidad salvo prueba en contrario". 

Con este cambio, los sindicatos de prisiones "esperan que se reduzcan las agresiones que actualmente sufren en los centros penitenciarios los trabajadores, una cada 36 horas", según afirman. "Es importante que el interno no tenga la sensación de impunidad ante un acto violento hacia los funcionarios", añade Acaip.

Otro aspecto importante que introduce el proyecto de Ley que ha iniciado su trámite parlamentario es que la Administración "se haga cargo de las indemnizaciones a los trabajadores que hayan sido impuestas judicialmente y no hayan sido satisfechas por el condenado, no sometiendo así al funcionario a una doble agresión, la física en primer lugar y la económica en segundo".

El tercer punto aborda la ampliación de la seguridad del personal penitenciario en caso de detención, traslado o encarcelamiento. 

Desde Acaip-UGT han valorado positivamente que el grupo que sustenta al Gobierno "haya dado este paso para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios, pero queda mucho por hacer. Es imprescindible que se retome la negociación de la Ley de Función Pública Penitenciaria que modernice una legislación preconstitucional". 

Además, "debe someterse la mejora retributiva de los empleados públicos penitenciarios con la reclasificación de centros penitenciarios y generar una oferta de empleo público suficiente para paliar el déficit de más de 3000 efectivos, junto a una formación adecuada y universal, y los medios materiales adecuados a nuestras funciones. Todo ello para afrontar con garantías el mandamiento constitucional de reinserción y reeducación en una sociedad cambiante a la que debe adaptarse el sistema penitenciario", concluye Acaip.