En un fallo que describe detalles de una presunta trama de corrupción sin precedentes en Argentina, un juez ha procesado  con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández, a quien señala como "jefa" de una asociación ilícita creada para recaudar coimas (sobornos) de empresarios.

El auto de procesamiento, de 558 páginas, lleva la firma del juez Claudio Bonadio y saca a la luz pública detalles de una investigación que se aceleró a inicios de agosto pasado con la aparición de unos cuadernos en los que un chófer de un ex funcionario kircnerista anotó movimientos de dinero de los sobornos.

Bonadio también expresa su decisión de arrestar en forma preventiva a Fernández de Kirchner porque en libertad podría "entorpecer la acción judicial". Para lograr la detención de la ex mandataria, el juez debe pedir a la Cámara de Senadores que le quite la inmunidad parlamentaria con la que cuenta como senadora de la agrupación opositora del peronismo disidente Unidad Ciudadana.

Según destacó en el fallo, publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez hará ese pedido cuando la Cámara Nacional de Apelaciones, instancia judicial superior al cargo de magistrado, homologue el procesamiento de este lunes.

La inmunidad parlamentaria impide concretar la detención de Fernández de Kirchner a menos que así lo autoricen sus colegas legisladores. Mientras se mantenga ese beneficio legal, puede ser juzgada y condenada pero no encarcelada, y sus propiedades registradas con autorización previa de la Cámara alta, como ocurrió semanas atrás en el mismo caso.

El juez convocó a Fernández a presentarse en los tribunales en un plazo de 48 horas para notificarle su resolución y dictó un embargo de los bienes de la ex presidenta por valor de 4.000 millones de pesos (85 millones de euros).

Quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015 es señalada por el magistrado como jefa de una asociación ilícita junto a su esposo y antecesor en la Presidencia, Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.

Kirchner y Fernández "se vislumbran como los jefes de esta asociación delictiva", opinó el juez, quien afirmó que los mandatarios "daban las directivas y órdenes para el desarrollo de las maniobras investigadas, amén de que resultaban los beneficiarios finales de las miasmas".

Según Bonadio, que en su escrito hace constar 157 pruebas y la declaración de 51 personas -varias de ellas como arrepentidas-, en la Presidencia de Kirchner "se puso en funcionamiento un sistema ilegal de recaudación" en el ámbito del Ministerio de Planificación que tenía bajo su órbita la concesión de obras públicas.

Este sistema, que implicaba acuerdos con empresarios de la construcción y la ingeniería para la concesión de obras y subsidios e incluía el pago de retornos, "continuó durante la Presidencia de su esposa Cristina Fernández", quien, para el juez, participó ya de la trama ilegal de recaudación durante el Gobierno de Kirchner.

Según la investigación, el dinero era recolectado por funcionarios del Ministerio de Planificación y entregado a los secretarios privados de Kirchner e, incluso, a los propios mandatarios.

En 87 oportunidades el dinero fue llevado al apartamento de la ahora senadora en el barrio capitalino de Recoleta, pero también constan entregas en la residencia presidencial de Olivos y en la Casa Rosada, según el juez.

"Entre el 25 de mayo de 2013 y el 9 de diciembre de 2015 perpetraron un sistema de recaudación ilegal mediante el cual, por un lado, el dinero era recibido por funcionarios con el fin de enriquecerse y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos y, por el otro, las personas o empresas que lo otorgaban lo hacían a cambio de algún beneficio o en consideración del cargo que tenían los funcionarios", apuntó.

Según el fallo, los montos que los empresarios admitieron haber pagado más los mencionados en los cuadernos del chófer Oscar Centeno permiten afirmar que "el flujo de dinero que circuló dentro de esta organización delictiva" asciende a unos 85 millones de euros.

Sin embargo, el juez aclara que algunos empresarios confesaron haber abonado "diversas sumas de dinero durante muchos años" por lo que de momento no se ha podido establecer "a ciencia cierta cuánto dinero se abonó".

Además de Fernández, Bonadio procesó a otras 40 personas, entre ellas 14 ex funcionarios, 23 empresarios y un ex juez.

La mayoría de los imputados fue procesado con prisión preventiva, aunque una docena de ellos no irá a la cárcel porque han sido aceptados como "colaboradores" (arrepentidos).

Entre los procesados hay importantes hombres de negocios como Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina -la mayor patronal del país-; Aldo Benito Roggio, dueño del grupo Roggio; Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América; Enrique Pescarmona, dueño de IMPSA, y el empresario de la construcción Ángel Calcaterra, primo del presidente argentino, Mauricio Macri.

El de este lunes es el sexto procesamiento que suma Fernández, investigada en otras causas por presunta corrupción y que asegura ser objeto de una persecución política urdida por jueces y el Gobierno de Macri.

"Era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente sino de juez arbitrario por fuera del Estado de derecho", dijo a Efe el abogado de la ex mandataria Gregorio Dalbón. EFE