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Lula deja vencer el plazo judicial y no se entrega para ser encarcelado

  • Los abogados del ex presidente brasileño, recluido anoche en la sede de su antiguo sindicato rodeado de simpatizantes, recurren in extremis ante la ONU para evitar su entrada en prisión

El ex presidente brasileño Lula da Silva saludaba ayer a los militantes del Partido de los Trabajadores en la sede del sindicato metalúrgico en Sao Paulo.

El ex presidente brasileño Lula da Silva saludaba ayer a los militantes del Partido de los Trabajadores en la sede del sindicato metalúrgico en Sao Paulo. / marcelo chello / efe

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva no se entregó ayer a la Policía Federal en el plazo que le dio el juez Sergio Moro para que empezase a cumplir una condena a 12 años de prisión por corrupción. Lula debía entregarse a las 17:00, hora de Sao Paulo (cinco más en España), a la autoridad policial de la sureña ciudad de Curitiba, donde está el tribunal de Moro, el principal juez de la megacausa sobre corrupción política Lava Jato.

El ex mandatario continuaba anoche en la sede de su antiguo sindicato, de los Metalúrgicos, en Sao Bernardo do Campo, en la región metropolitana de Sao Paulo, a donde llegó en la noche del jueves. A Lula se le vio desde entonces sólo un momento en la madrugada, cuando se asomó a una ventana para saludar a sus simpatizantes. Según la estatal Agencia Brasil, la Policía Federal negociaba anoche con la defensa de Lula las condiciones para que el ex mandatario se entregara, ya fuera en Curitiba o en Sao Paulo, incluso después del plazo ordenado. La expectativa en Brasil respecto al desenlace de la situación es cada vez mayor. Miles de seguidores se agolparon frente a la sede del sindicato paulista, tradicional bastión político del antiguo líder sindical.

La defensa de Lula negociaba anoche las condiciones de entrega con la Policía Federal

"Lula estaría negociando por medio de intermediarios", dijo una fuente del Partido de los Trabajadores, quien admitió también que el ex presidente estaría dispuesto a entregarse, "aunque tal vez no ahora". También el presidente de la Federación Nacional de los Policías Federales (Fenapef), Luis Antonio Boudens, admitió en Curitiba que las puertas continúan abiertas para el diálogo. "Sí, claro (existe la posibilidad de continuar negociando con la defensa), cuantos menos traumas tenga la ejecución de la orden y cuanto más preservados sean los participantes de la acción mejor, lógico, eso es obvio. Ahí es cuestión de consenso", dijo Boudens.

"Nuestra meta es evitar enfrentamientos, lógico, y cumplir la decisión de la mejor forma", insistió el funcionario, que señaló que el vencimiento del plazo previsto en el auto de prisión aumenta las "dificultades" y más tratándose de un ex mandatario.

"Él está aquí, en Curitiba. Es un lugar público. Muchas personas saben dónde está; es decir, todo el mundo sabe. Él permanecerá aquí con la militancia", afirmó Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores.

Asimismo, la defensa de Lula presentó ayer una medida cautelar in extremis ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para evitar fuera encarcelado. La medida incluye una petición para que el Gobierno brasileño impida su ingreso en prisión hasta que se agoten todos los recursos jurídicos, según un comunicado firmado por los tres abogados del ex presidente, Cristiano Zanin Martins, Valeska Teixera Zanin y Geoffrey Robertson. Éstos subrayaron la necesidad de que un "tribunal independiente examine si la presunción de inocencia" del ex sindicalista fue "violada", después de que el Supremo rechazara por un estrecho margen un habeas corpus para evitar su prisión antes de que fueran agotados todos los recursos en instancias superiores.

La defensa también urgía a que fueran analizadas "las alegaciones sobre conductas tendenciosas del juez Moro" contra Lula (2003-2010). El ex jefe de Estado fue condenado en 2017 por Moro a nueve años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero la pena fue ratificada y ampliada a 12 años y un mes por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre el pasado 24 de enero. La Justicia lo acusa de haber recibido un apartamento de lujo en la localidad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de beneficiar a la constructora OAS en la adjudicación de obras públicas ligadas a Petrobras.

Para frenar su prisión inmediata, la defensa también presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia; sin embargo, pinchó en hueso la medida de gracia al denegar el recurso el juez Félix Fischer.

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