El presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) y patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría, Manuel Fernández Belmonte, anunció ayer la desconvocatoria de la manifestación que el sector pesquero tenía previsto llevar a cabo ante la Subdelegación del Gobierno en Huelva, así como la parada que tenían convocada para protestar por el cierre del caladero de la sardina para toda la flota del Golfo de Cádiz que forman 84 barcos de Punta Umbría e Isla Cristina (Huelva) y de Barbate y Sanlúcar (Cádiz). La flota podrá salir a faenar boquerón, dado que aún tiene un 54% de la cuota total (algo más de 4.000 toneladas) sin consumir.

La decisión se toma tras la actitud mostrada por la administración central y autonómica para buscar acuerdos y soluciones para el sector del cerco, especialmente para la pesquería de la sardina, cuya captura está prohibida en el Golfo de Cádiz tras decretar el cierre la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el pasado 31 de agosto de 2017.

Tras el encuentro mantenido el miércoles con el consejero de Agricultura y Pesca de la Junta, Rodrigo Sánchez Haro, Fernández valoró que la administración andaluza se haya comprometido a mantener contacto con el Ministerio con el fin de tratar la problemática de la pesquería del sector del cerco, dependiente del Gobierno central. Fernández destacó que parte de los compromisos han sido realizar los estudios pertinentes para que el caladero del Golfo de Cádiz salga de la zona IX con el objetivo de que sea una zona exclusiva de pesca. De esta manera, el caladero del Golfo de Cádiz tendría planes de pesca y cuotas exclusivas. Fernández también se reunió este miércoles ayer representantes del sector de Isla Cristina y con armadores de Punta Umbría, para trasladarles a estos últimos lo acontecido durante las últimas reuniones y los avances en las negociaciones.

El presidente de Facope acogió el compromiso del consejero de mantener contactos con el Ministerio para que el Instituto Social de la Marina realice la regulación de empleo de los trabajadores del sector.