El Ministerio de Agricultura y Pesca ha impuesto una sanción de 5.270.002 euros a seis empresas y seis personas físicas por la implicación en actividades vinculadas con la pesca ilegal, según

informó en un comunicado.

La multa es el resultado de la Operación Sparrow 2, por la que los servicios de Inspección del Ministerio descubrieron la existencia de un entramado empresarial relacionado con la gestión y el ocultamiento de buques que ejercían la pesca ilícita en aguas del Antártico o en el Atlántico suroriental. La operación incluyó, previa autorización judicial, la inspección de las sedes de varias empresas en A Coruña y Pontevedra en julio de 2015.

Las empresas sancionadas son: Capensis Trade, World Ocean Fishing, Insuabela, Baymarten Inversions, Global Sea Trading y Lastiff.

La resolución del Ministerio incluye también sanciones de inhabilitación para el ejercicio de la pesca, que van desde los 5 a los 14 años, y la prohibición de obtener subvenciones públicas, en períodos que oscilan entre los 5 y los 12 años.

Aparte, otra persona ha sido multada por la obstrucción a las labores de inspección y responsabilidad solidaria.

Los sancionados tenían relación con los barcos Viking y Seabull 22, que habían sido incluidos en la lista comunitaria de buques de pesca ilegal en 2010 tras su identificación por parte de las Comisiones para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos o en el Atlántico suroriental.

Para obstaculizar la persecución de sus actividades, los responsables usaban empresas interpuestas de distintas nacionalidades y cambiaban habitualmente el nombre de los buques: el Viking tuvo 11 denominaciones más, entre ellas Chu Lim o Yin Peng, y el Seabull 22 fue conocido con otras 7, como Carmela o Itziar II. Gracias a la colaboración internacional, según el Ministerio, los buques no están operativos, pues el Viking fue hundido por las autoridades indonesias frente a sus costas y el Seabull 22 desguazado en Cabo Verde.

Las penalizaciones a las empresas oscilan entre los 100.000 y los 600.000 euros por firma; este último importe es el máximo que permite la Ley de Pesca y corresponde a cada una de las penalizaciones para Capensis Trade, World Ocean Fishing e Insuabela.

Las sanciones a las seis personas físicas ligadas a la pesca ilegal suman 2,8 millones de euros, mientras que la penalizada por obstrucción a la inspección deberá pagar 60.000 euros.

Con esta resolución, el Ministerio resuelve el expediente de la Operación Sparrow 2, que continúa la "senda marcada" por la Operación Sparrow. La primera Sparrow desembocó en otro expediente que concluyó en 2016 con sanciones de 17 millones de euros, e inhabilitaciones para la pesca entre 5 y 23 años y que también supuso registro a empresas gallegas.

Estas actuaciones "ponen de manifiesto la firme voluntad de España de luchar contra la amenaza de la pesca ilegal, mediante el control de sus aguas, sus puertos y las importaciones " y utilizando "todos los instrumentos de la legislación".