El Ayuntamiento de La Línea ha notificado a la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) el acuerdo de pleno por el que la corporación municipal decidió el pasado 4 de abril de 2019, por unanimidad, declarar la nulidad de pleno derecho del convenio en virtud del cual el Consistorio asumía la gestión de los alojamientos provisionales integrados en lo que se denominó Unidades Vecinales de Absorción (UVA). Se trata de 1.495 viviendas de las barriadas Mirasierra y Los Junquillos, de titularidad de la Junta de Andalucía.

El Consistorio entiende que concurren varias causas de nulidad, entre ellas porque el convenio fue aprobado por un órgano "manifiestamente incompetente", ya que lo firmó la Alcaldía sin que haya constancia de su aprobación por el Pleno ni autorización para la firma, y porque se prescindió "total y absolutamente" del procedimiento legalmente establecido al no existir expediente administrativo alguno previo a la rúbrica.

El convenio fue suscrito en el año 2004 por el entonces alcalde, Juan Carlos Juárez, y comprometía al Ayuntamiento a gestionar los alquileres de las UVA y a destinar lo recaudado a la conservación de estas viviendas. En 2009, coincidiendo con la crisis del ladrillo, Juárez solicitó a la Administración autonómica la revocación del acuerdo, aportando informes sobre la nulidad de pleno derecho y argumentando la merma económica que suponía para las arcas municipales debido al alto índice de morosidad de los inquilinos y el alto coste que para el Ayuntamiento tenía esta gestión.

A finales de 2012, Gemma Araujo también inició un expediente para resolver el convenio, junto a una orden de suspensión de la gestión por parte del municipio. Sin embargo, recuerda el equipo de gobierno, tras una reunión en Sevilla con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), decretó levantar esta suspensión y mantener la vigencia del acuerdo.

Desde febrero de 2016 el actual equipo de gobierno ha realizado varios intentos con la AVRA para terminar con este convenio de mutuo acuerdo, sin que la empresa pública autonómica haya dado respuesta. Por ello, con el dictamen favorable por parte del Consejo Consultivo de Andalucía, que inició un expediente de revisión de oficio a instancias municipales, el pleno del pasado 4 de abril declaró la nulidad. A propuesta de la concejalía de Vivienda, el pleno estableció un periodo transitorio hasta el próximo 30 de septiembre para devolver la competencia a la Junta de Andalucía y facultar al alcalde a mantener las reuniones necesarias con esta Administración para el correcto traspaso.

El teniente de alcalde delegado de Vivienda, Mario Fernández, subrayó lo lesivo de este convenio no solo para el Consistorio, sino para los usuarios de los alojamientos, “que llevan años requiriendo la rehabilitación de sus viviendas y lo máximo que han obtenido ha sido un pintado en época de Juárez y unos contratos de 14.000 euros en 2017; 21.780 euros en 2018, y 18.150 euros en 2019, con los que hemos reparado cornisas y voladizos que se están desprendiendo y que entrañan riesgo tanto para los usuarios como para los viandantes”.