Tribunales

La Audiencia Provincial ratifica la condena a un banco a devolver casi 60.000 euros a un matrimonio de La Línea

  • La esposa demandó a la entidad por no haber firmado ningún documento y, por tanto, no mediar su consentimiento

  • Tanto el juzgado de La Línea como el recurso ahora resuelto coinciden en declarar la nulidad radical de la contratación

Una persona saca dinero en un cajero automático.

Una persona saca dinero en un cajero automático.

La Justicia vuelve a dar la razón a un matrimonio de La Línea frente a su banco. La Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha confirmado la nulidad de la contratación de un producto de inversión, basado en acciones, que un empleado del banco suscribió a nombre del matrimonio sin seguir un procedimiento conforme a la normativa. 

Así consta en una reciente sentencia que resuelve el recurso interpuesto por el banco contra el fallo de primera instancia, emitido en 2021, que condenó entonces a la entidad financiera a devolver todo el capital invertido, 59.532,67 euros más los intereses legales generados desde la contratación. 

Ahora, la sentencia en segunda instancia -contra la que cabe un nuevo recurso de casación ante el Supremo- ratifica todos los puntos por los que el Juzgado Mixto número 5 de La Línea dio la razón a los demandantes frente a la entidad. "Debemos confirmar dicha resolución, con expresa imposición a la parte apelante de las costas procesales devengadas en esta alzada", concluye el tribunal provincial. 

Todo comenzó en febrero de 2008, según la parte denunciante. Aquella jornada, el esposo del matrimonio suscribió la compra de un producto financiero aconsejado por un empleado del banco. Ocurrió el mismo día en que abrió una cuenta y comenzó a ser cliente de la entidad dejando en ella "todos sus ahorros destinados a su jubilación".

Los demandantes sostienen que el empleado de la sucursal le dijo que se trataba de "un producto totalmente fiable, sin ningún tipo de riesgo, altamente rentable y que recuperaría la totalidad de su inversión, pues se contaba con la garantía del banco". A continuación, y siempre según la versión de los demandantes, el marido firmó lo que asegura que le describieron como un documento previo a la contratación que dejaba la operación suspendida a expensas de contar con la firma de su esposa, a la sazón cotitular de la cartilla que habían abierto. 

"Dicho documento resultó ser una orden de compra de valores que ni está firmada por los titulares ni por la persona apoderada del banco", según la defensa del matrimonio, quien apunta que aquella operación supuso la compra de 14 títulos bancarios. "No se le dio ni siquiera el tríptico que se acompaña a la demanda puesto que se remitió con posterioridad y tras las insistentes reclamaciones. Y solamente, de manera muy somera, le explicaron los altos rendimientos del mismo, que el producto era sin riesgo alguno cuando la realidad es que se trata de un producto de alto riesgo", relataba la sentencia de primera instancia en el apartado de antecedentes.

La demanda para solicitar la nulidad de la contratación fue interpuesta en su momento por la esposa del matrimonio, por considerar que no medió su consentimiento (ni firma) y, subsidiariamente, por un supuesto incumplimiento contractual de los deberes de información sobre el producto financiero por parte del banco que eran obligatorios desde 2007 (Ley 47/2007). 

La contratación del producto financiero supuso para el matrimonio linense un auténtico calvario que requirió incluso de tratamiento psicológico, según su defensa, dirigida por Juan Ignacio Iglesias Triay, abogado especialista del departamento de Derecho Mercantil del despacho profesional Viñas de Roa Abogados. Entre otros quebraderos de cabeza, el matrimonio llegó a perder en 2012 el 50% de lo invertido. 

"La particularidad y complejidad de este caso es que lo que aquí se ha logrado es una nulidad radical de una contratación. Es la sanción más dura que impone el ordenamiento jurídico: como si el contrato nunca hubiese existido. Es decir, ambas partes deben devolverse lo que hayan recibido de la otra. En este caso el banco debe devolver el importe de la inversión inicial más los intereses y el cliente debe devolver los rendimiento que se han obtenido con ese producto", resume Iglesias Triay. 

Ignacio Iglesias Triay, abogado del matrimonio linense. Ignacio Iglesias Triay, abogado del matrimonio linense.

Ignacio Iglesias Triay, abogado del matrimonio linense.

En su defensa, el banco adujo entonces como argumentos para oponerse a las pretensiones de la demandante precisamente una supuesta falta de legitimación activa de la actora. Según los abogados de la entidad financiera, "los actores prestaron consentimiento informado a la inversión financiera que les fue ofertada, actuando el esposo en nombre y representación de su esposa, hoy demandante, siendo titulares conjuntos e indistintos de la cuenta corriente asociada al producto bancario". También, que remitieron periódicamente información fiscal sobre el producto contratado así como que en doce años no habían recibido ninguna queja previa. Este punto de vista fue rechazado por el juzgado linense. 

El banco volvió a utilizar este mismo argumento en el recurso, siendo rechazado nuevamente por el tribunal. "Concurren las circunstancias que en dichas resoluciones determinan la legitimación activa de la demandante. Aunque la orden de suscripción de valores consta firmada solo por el esposo, los rendimientos que se fueron generando -y que deberán devolver al banco- se venían abonando en una cuenta de la titularidad de ambos", consta en la sentencia de apelación. "Ninguna norma exige que en el supuesto de contratación de productos bancarios los comuneros deban actuar con carácter mancomunado", resuelve el tribunal. 

Además, la sala también entiende que "no hubo consentimiento contractual para la realización de la compra de valores cuya nulidad se estima en la sentencia impugnada". "Y puesto que la falta de consentimiento contractual determina la inexistencia del contrato, debemos concluir que no se produjo la compra del producto financiero, por lo que el recurso de apelación debe ser desestimado", sentencia la Audiencia Provincial. 

El abogado Iglesias Triay considera que la sentencia es todo un éxito porque el plazo para instar la nulidad radical es imprescriptible. "Los procedimientos habituales que se ganan sobre este tipo de productos son de anulabilidad del producto por falta de información, cuyo plazo de prescripción es de cuatro años. Para este producto que se adquirió fraudulentamente en 2008 y cuya demanda se interpuso en 2018, el plazo de cuatro años ya se había sobrepasado con creces. No obstante ese defecto en la firma en la orden de compra de los valores, así como la inexistencia de contrato de depósito de valores, como defendíamos en nuestra demanda ha sido interpretado como falta de consentimiento, lo cual se sanciona con la nulidad radical", interpreta el letrado. 

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