Los partidos políticos de La Línea han acordado este lunes celebrar concentraciones en las inmediaciones del antiguo hospital de la ciudad para reclamar medidas urgentes que palíen la precaria situación en la que se encuentra el edificio, convertido en un centro de okupas y un escondite de toxicómanos donde se suceden los actos vandálicos desde hace tres años. La gota que ha colmado el vaso fue el descubrimiento en su interior de restos humanos identificados y material sanitario abandonado. El alcalde, Juan Franco, entiende que la solución más viable es la "demolición" para un espacio sin proyectos asumibles. La Junta se ha comprometido a reforzar el sellado del lugar.

La Junta de Portavoces se ha reunido de manera telemática con la presencia de Andoni Carrión, concejal socialista y personal sanitario con un gran conocimiento del problema, además de Ceferina Peño, concejala de Participación Ciudadana y Zuleica Molina, de Sanidad.

Según ha explicado el alcalde, Juan Franco, los partidos pedirán una reunión a la Asociación de Vecinos Virgen de la Esperanza, del barrio de San Bernardo, "para que se aprecie que hay unidad de acción" y en busca de su respaldo a las movilizaciones. "Espero que los vecinos de la barriada secunden el calendario de concentraciones, porque sin ellos no tendría mucho sentido. Se nos antoja fundamental en el punto en el que estamos". 

En el Pleno del jueves se aprobó una moción relativa a la adopción de medidas perentorias en el antiguo hospital. "Llevamos tres años con aquel edificio cerrado y sin uso, sin un futuro claro, y a la vista de las imágenes que han circulado por las redes sociales y los medios de comunicación, el interior presenta un estado lamentable", ha apostillado el regidor.

Franco mantuvo el viernes una conversación con el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Miguel López Aranda, quien brindó la oportunidad de una reunión conjunta con la Junta de Andalucía, que el Ayuntamiento solicitará este lunes por escrito. "Espero que estén también los portavoces de los grupos políticos porque esto trasciende de un problema puntual en el que puede haber debate y se ha convertido en uno de los problemas más graves y serios que tiene la ciudad", ha recalcado.

"Aquel edificio antaño fue un motor económico de una barriada con graves problemas sociales y ahora es un agujero negro que no solo no genera economía sino que es una fuente constante de problemas. Ya conocemos episodios de okupación, de la comisión de determinados actos delictivos en el interior y al final, las imágenes que tuvimos en las que no quiero abundar", ha continuado. 

El alcalde afirma que la Junta le ha comunicado que va a reforzar el sellado del edificio, "pero entendemos que la situación ya ha llegado a un punto de no retorno y esperemos que veamos actuaciones decididas ya, porque la barriada no puede esperar. Tres años son más que suficientes para haber actuado. Esperemos que podamos salir de una encrucijada que tiene una difícil solución, para qué nos vamos a engañar". 

Franco ha recordado como "de forma un tanto ingenua pensamos en que se ubicara un centro docente de primer nivel". "Tuvimos contactos con la Universidad Católica de Murcia, con la Universidad Católica de Valencia, con la Universidad de Cádiz, pero vimos que era inviable porque la estructura es tan sumamente grande y las obras que había que acometer eran de una complejidad tan importante que comprobamos que una inversión de ese calado no iba a venir. En nuestro programa electoral planteamos la ubicación de una Ciudad de la Justicia, donde se aglutinaran los juzgados del municipio, que actualmente están en un edificio donde no deberían estar por sentencia, y aparte reformarlo para poner la Comisaría de la Policía Nacional, que la actual no está en las mejores condiciones, y la jefatura de la Policía Local. La realidad es que a día de hoy ninguno cuenta con el traslado allí y esa opción está descartada. La más viable ahora mismo, por desgracia, es la demolición, aunque el coste de la obra podría ser brutal", ha concluido.