El secretario de la Mesa de Contratación que adjudicó la venta de cuatro parcelas municipales a la empresa Roseworld, Alfonso Ruiz Pau, ha sido imputado por la titular del juzgado número 1 en este procedimiento, en el que también lo están el alcalde, Juan Carlos Juárez, y el ex concejal de Urbanismo Carlos Ruiz Calama, a los que les ha sido retirado el pasaporte y prohibido salir del país sin autorización judicial. El ex edil tiene además embargadas sus cuentas bancarias.

Ruiz Pau resultó imputado en este proceso pese a que declaró ayer ante la juez en calidad de testigo. De sus testimonios destaca el hecho de que dicho funcionario quisiera precisar ayer respecto a su anterior declaración en relación a la otra empresa que aspiraba a comprar dichos terrenos, Promaga, que la exclusión de esta promotora no fue correcta; que en su primera declaración no estaba bien documentado y que hizo una apreciación personal "partiendo del hecho de que no tiene sentido común que una empresa que ofrece 2.155.000 euros más quede fuera sin un estudio muy detallado dados los intereses municipales en juego". Al respecto, matizó que al haberse documentado y al haber recabado opinión profesional de la Junta Consultiva de Contratación, llegó a la conclusión de que la exclusión de Promaga no fue correcta.

A preguntas de la juez reiteró que mantuvo una reunión con Calama un cuarto de hora antes del inicio de la reunión de la Mesa, el 5 de diciembre de 2005. En este punto, insistió en que dijo al entonces concejal cuando le mostró el informe por el que iba a quedar fuera Promaga que habría que mirarlo más despacio dada la trascendencia de los intereses en juego. Según Ruiz Pau, Calama zanjó el tema diciendo que había sido estudiado por la asesoría jurídica y que como era un mero secretario de la Mesa procediera a leer dicho informe.

Preguntado por qué pidió un informe acreditativo de la solvencia de Roseworld, Ruiz Pau aseguró que en la primera mesa no se hizo pero que en la segunda sí "para que el expediente estuviera completo al ver el cariz que estaba tomando el asunto, ya que se cuestionaba incluso que se iba adjudicar suelo a una empresa respecto de la que se ponía en duda su capacidad y solvencia", consta la declaración a la que ha tenido acceso Europa Sur.

A preguntas del Ministerio Fiscal, Ruiz Pau declaró que le sorprendió que el 5 de diciembre se tuviera que resolver todo de forma muy rápida y que fue el presidente de la Mesa, el alcalde, Juan Carlos Juárez, el que impuso "dicho ritmo acelerado para que se resolvieran todas las cuestiones en ese momento".

Al abogado del querellante, Juan Blasco Quintana, le insistió en que la exclusión de Promaga debió de ser razonada dados los intereses en juego y que todo debería haber sido visto con calma y no haber sido decidido el 5 de diciembre.

Al abogado del alcalde, Javier Saavedra, le respondió que es su función como secretario de la Mesa era levantar acta y que las decisiones que se adopten sean ajustadas a derecho. También aseguró que no se hizo nada de forma aparente contrario a derecho pero reiteró que todo lo que vio en la Mesa fue precipitado. En este punto, la juez decidió suspender la declaración de Ruiz Pau como testigo y citarlo a hacerlo nuevamente aunque ya en calidad de imputado.

Antes de Ruiz Pau prestó declaración Carlos Ruiz Calama. Lo hizo durante casi una hora y media. A su salida declinó hacer algún comentario a este diario. Sin embargo, en su declaración y a preguntas de la juez, el ex concejal de Urbanismo, que tal como publicó Europa Sur hace unos días y según un informe de la Agencia Tributaria ocultó a Hacienda la venta de una parcela de su familia al administrador único de Roseworld, Anil Thakurdas, también imputado en este proceso, declaró que las modificaciones efectuadas el pasado 18 de octubre ante la Agencia Tributaria -poco después de que fuera levantado el secreto de sumario en este caso- del impuesto de sociedades no fueron realizadas antes porque no había elevado dicha operación a escritura pública y que esperó hasta entonces para regularizar la situación con Hacienda. En este sentido, dijo que creía que el impuesto se pagaba una vez que se hubiese otorgado dicha escritura pero que posteriormente se asesoró y declaró el impuesto sin esperar al otorgamiento de la misma.

La juez le preguntó por qué el pasado 18 de octubre, en el impuesto de sociedades la cuota a pagar pasó de 412 euros a 468.000 euros, a lo que contestó que lo único que hizo fue declarar una operación no efectuada con anterioridad por los motivos antes expuestos y tras asesorarse. Calama aseguró no recordar haber efectuado ninguna nueva declaración del impuesto de sociedades y que sólo recordaba una declaración complementaria pero no en qué términos ni circunstancias. El ex concejal declaró que los contactos con Thakurdas comenzaron en 2004, cuando ya era coordinador de empresas municipales, con la venta de la parcela que hizo su empresa Lineatrans y que lo conoció a través de un intermediario urbanístico. Asimismo, aseguró que los beneficios de esta venta fueron repartidos con su familia.