El Partido Socialista de La Línea ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno de la Mancomunidad de prórroga de la concesión del servicio de depuración de aguas a la empresa Aqualia, por 15 años adicionales.

El PSOE linense se desmarca así de su grupo en la Mancomunidad, que votó a favor de la prórroga junto con La Línea 100x100, a través de un recurso tramitado por la secretaria local socialista linense, Gemma Araujo. El partido en la ciudad estima que la prórroga es contraria a derecho "y por tanto nula". 

Los argumentos son los ya adelantados por Europa Sur: la falta de publicidad y libre concurrencia al procedimiento para otras compañías. "Este tipo de prórrogas suponen una práctica irregular que entraña la vulneración de los principios y reglas más esenciales de la contratación pública: libre concurrencia o igualdad de trato, no discriminación y transparencia”.

El recurso de reposición se sustenta en el artículo 18:1 de la Directiva 2014/24 de la UE. Los socialistas explican que este punto deja claro que los poderes adjudicadores "tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada”. Al contrario, según el PSOE linense, en el acuerdo de la Junta de Comarca del pasado 18 de enero "se ha restringido el principio de la competencia". Esta misma vulneración de principios esenciales afecta también al artículo 3 de la misma Directiva Europea, que obliga a los poderes adjudicadores a dar a los operadores económicos “un trato igualitario y no discriminatorio”.

Araujo plantea en su recurso de reposición que ya existe en la UE jurisprudencia abundante que avala la obligación de cumplir estos principios esenciales en la contratación pública. Y esgrime en especial una sentencia de la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de la UE, de 29 de abril de 2004, que resalta “el carácter transversal de los principios de igualdad de trato y de transparencia que no resultan de aplicación exclusivamente a la fase de adjudicación, sino que se extienden a la fase de ejecución del contrato público”.

El recurso de reposición también argumenta que las prórrogas de un contrato público no previstas en la documentación de su licitación, como sostienen los socialistas que es el caso de la concedida a Aqualia, “suponen una modificación de las condiciones esenciales del contrato por cuanto hay una ampliación del contrato público que se produce a posteriori y que no podían conocer las personas interesadas en concurrir cuando se anunció la licitación inicial”, por lo que se incide en que se ha impedido a otros potenciales licitadores poder presentar ofertas sustancialmente distintas y favorecido un sistema de ventaja en favor del actual concesionario. “Es una nueva adjudicación encubierta a través de la elusión del plazo máximo previsto en los pliegos del contrato”, valoran.

Asimismo, se destaca que se ha prolongado el plazo del contrato a través de la prerrogativa del “ius variandi introduciendo elementos esenciales que deberían haber sido objeto de una nueva licitación, sustituyendo el escrutinio competitivo por la negociación bilateral en detrimento de la eficiente asignación de los recursos públicos”.

Según Gemma Araujo, la prórroga aprobada por la Mancomunidad, "por mucho que aluda a intereses generales por las obras que va a acometer la concesionaria, tiene como objetivo asegurar la continuidad de la prestación y del servicio más que proceder a compensar el equilibrio contractual”. Araujo considera que existen otras fórmulas para compensar al contratista, como bien reflejan sentencias judiciales.

La socialista linense subraya que se pretende ampliar un contrato de 25 años en otros 15, es decir, un 60%, por lo que entiende que debe extinguirse la actual concesión y luego proceder a una nueva licitación. “Ya que se puede incurrir en una situación indebida de prolongación indefinida de contrato público”.

El PSOE apunta que toda su argumentación se sustenta "con la aportación de sentencias contrarias a este tipo de prórrogas" entre las que se encuentra una del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2006 que considera que esta fórmula no es correcta para compensar a empresas concesionarias a cambio de la ejecución de obras.