Agentes de la Policía Local de La Línea adscritos al grupo Puma han denunciado a una persona como presunto autor de un delito de falsedad documental, al utilizar una fotocopia de un permiso de aparcamiento destinado a personas con capacidad reducida que, además, estaba caducado desde febrero.

Los hechos ocurrieron este martes, en el estacionamiento del Hospital Comarcal de La Línea, cuando los agentes sorprendieron al ocupante de un vehículo, Peugeot, que se encontraba estacionado en una plaza de aparcamiento destinada a personas con movilidad reducida, con una tarjeta de autorización colocada en el salpicadero del turismo. Tras serle requerida, comprobaron que se trataba de una fotocopia escaneada, que además se encontraba caducada desde febrero de 2020, por lo que le informaron que podría estar cometiendo una infracción administrativa.

Le preguntaron por el titular de la tarjeta y afirmó que se encontraba en su domicilio y que él había acudido al centro sanitario acompañando a un amigo. Tras una inspección ocular del vehículo descubren en su interior la tarjeta original , que también fue intervenida. Los agentes de la Policía Local pusieron los hechos en conocimiento de la Junta de Andalucía para proceder a la baja de ambas tarjetas.

Además, efectuaron denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de la Policía, informando que los hechos podrían incurrir en un presunto delito de falsedad documental, al que hace referencia el artículo 392.1 del Código Penal, que conllevaría penas de prisión de entre seis meses y tres años y una multa de seis a doce meses.

Esta persona se enfrenta además a una sanción de tipo administrativa por ocupar un estacionamiento de estas características sin estar autorizado para ello y no reunir los requisitos exigibles.

El uso de las tarjetas de estacionamiento en zonas reservadas a personas con minusvalía, es condición indispensable que la persona beneficiaria viaje en el interior del vehículo.

Desde la Jefatura de la Policía Local se recuerda que ante prácticas, desgraciadamente, algo habituales a nivel local, se mantiene una fiscalización continúa para evitar que infracciones de este tipo continúen sucediéndose, con el consiguiente perjuicio que ocasionan a personas con movilidad reducida.