Tras el ofrecimiento efectuado en 1934 por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, encabezado por el alcalde José Agüero Baro, de un solar gratuito al Estado para la construcción de una nueva y muy necesaria casa-cuartel de la Guardia Civil, hubo que esperar toda una década para que volviera a retomarse dicho asunto.

Si mala era entonces la situación económica del país mucho peor fue tras salir de una devastadora guerra civil y en un contexto internacional donde se libraba una guerra mundial. La Línea, por cierto, era entonces testigo directo de ello dada su vecindad con la colonia británica de Gibraltar que fue objeto de varias acciones bélicas, amén de sufrir también algunos trágicos daños colaterales al respecto.

Aquello hacía dudar que el Estado pudiera disponer de recursos económicos suficientes para la construcción del mentado acuartelamiento. Y si la situación presupuestaria era tremendamente mala, la situación respecto al alojamiento de la plantilla de la Guardia Civil había empeorado al haberse multiplicado por diez en La Línea, tras la absorción del Cuerpo de Carabineros por la Ley de 15 de Marzo de 1940.

En dicho municipio se mantuvieron inicialmente, por una parte, la cabecera de la línea (sección) con los puestos de La Línea y La Atunara, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, recién bautizada como 216ª Comandancia Rural. Y por otra, se mantuvieron también las dos compañías que había de Carabineros y que pasaron a ser de la Guardia Civil, una con cabecera en la propia Aduana y la otra con cabecera en La Atunara. Ambas con sus correspondientes secciones y puestos subordinados.

El estado de conservación y habitabilidad de todos sus acuartelamientos era realmente malo, tanto los de la Guardia Civil como los de Carabineros. Si ya en enero de 1934 el entonces inspector general de la Guardia Civil, Cecilio Bedia de la Cavallería, le había manifestado al alcalde José Agüero la deplorable situación del de La Línea y del de La Atunara, cuando se volvió a emitir nuevo informe, seis años después, la situación había empeorado.

Concretamente, en enero de 1940, el teniente coronel Manuel Márquez González, primer jefe de la todavía Comandancia de Cádiz, cuya demarcación territorial comprendía entonces toda la provincia, tras calificar como malo el estado de los acuartelamientos de La Línea y La Atunara, informó sincera y textualmente:

“La casa-cuartel de La Línea de la Concepción, punto fronterizo con Gibraltar, balcón de España pudiéramos llamarlo, donde el extranjero nos mira y observa, es francamente bochornoso el estado en que se encuentra. Al igual que casi todas las demás, los pabellones son reducidos en número de habitaciones y superficie, contando muchos de ellos con sólo dos habitaciones. Las cocinas, lavaderos y retretes, además de insuficientes, por ser generalmente de uso común, son verdaderos semilleros de rencillas donde se fomentan frecuentes discordias entre las familias que las habitan, con el consiguiente quebranto de la buena armonía que por indispensable, debe existir en las Casas-Cuarteles del Cuerpo. En resumen: el problema de acuartelamiento, por ser quizás el más importante que tiene planteado el Cuerpo, es asunto al que debe atenderse preferentemente, aparte de otras razones no despreciables, siquiera sea por decoro y humanidad. Cuantas gestiones se han hecho con el mayor empeño y buena voluntad en este sentido, salvo raras excepciones, han fracasado y seguirán fracasando, mientras no se afronten decididamente con dinero que es el único recurso que para su rápida solución requiere este asunto”.

Más claro imposible. Dicho acuartelamiento se trataba del ya mentado en capítulos anteriores de la calle Jardines, que la Guardia Civil venía ocupando desde 1908 y el ayuntamiento sufragando su alquiler. El de La Atunara no estaba mucho mejor y el estado de los procedentes de Carabineros era pésimo.

Por ello volvió a retomarse el proyecto entre la Guardia Civil y el ayuntamiento de construir una casa-cuartel, con cargo al Estado, con capacidad para alojar a toda la plantilla con sus familias. La cifra de efectivos era ya de unos dos centenares, no existiendo inmueble alguno en la localidad que pudiera ser arrendado o adquirido para tal fin, por lo que la única solución era retornar al ofrecimiento de 1934, de un solar gratuito por la corporación municipal.

El Ayuntamiento, dentro de sus limitadas capacidades económicas, optó en primer lugar por acordar en sesión de 26 de mayo de 1943, adquirir por 18.000 pesetas una finca de 4.597 m² ubicada entre la calle Jardines, entonces denominada General Mola, y la carretera de La Atunara, entonces llamada Menéndez Pelayo, “para cederla en su día a la Dirección General de la Guardia Civil, con destino a la construcción de un cuartel para las fuerzas de costas del referido Instituto”.

El 30 de septiembre de 1943 se formalizó la escritura de compraventa en la notaria de Manuel Gil Gimeno, sita en La Línea, entre Cayetano Ramírez González, propietario del referido solar, y Lutgardo Macías López, alcalde de la localidad.

El 2 de noviembre siguiente, en sesión ordinaria celebrada por el pleno de la corporación municipal, se acordó donar gratuitamente a la Dirección General de la Guardia Civil, “con la mayor satisfacción y por unanimidad”, el mentado solar para la construcción de un cuartel, previa autorización del ministro de la Gobernación Blás Pérez González, de 30 de septiembre anterior, de conformidad con el ministerio de Hacienda, “deseando demostrar su amor y afecto hacia las Instituciones armadas de la Patria, encargada de la defensa de sus intereses y de la seguridad de la misma”.

A nivel orgánico, como consecuencia de una nueva reorganización de la Guardia Civil, motivada por el Decreto del Ministerio del Ejército, de 21 de diciembre de 1943, y que entró en vigor el 1º de marzo siguiente, la 216ª Comandancia Rural y la 134ª Comandancia de Costas desaparecieron como tales, quedando encuadradas prácticamente casi todas sus unidades subordinadas ubicadas en el Campo de Gibraltar, en la nueva 337ª Comandancia Mixta, con cabecera en Algeciras, dependiente junto a las 137ª Mixta de Málaga y 237ª Mixta de Cádiz, del 37º Tercio Mixto, con cabecera en Málaga.

El ayuntamiento deseaba ampliar la entonces denominada Plaza del Generalísimo Franco, hoy Plaza de la Constitución, pero para ello necesitaba proceder al derribo de algunas edificaciones. Entre ellas se encontraba el antiguo acuartelamiento de Carabineros desde el que se prestaba servicio a la Aduana, y que había pasado a ser de la Guardia Civil desde mediados de 1940.

Dado que dicho inmueble estaba en muy mal estado, la corporación municipal solicitó al Ministerio de la Gobernación su entrega ya que tenía previsto a su vez donar un solar para un nuevo acuartelamiento. Informado favorablemente y con el visto bueno del ministerio de Hacienda, se comunicó a éste, con fecha 20 de marzo de 1944, que se designaba al teniente coronel Federico Montero Lozano, jefe de la 237ª Comandancia Mixta (Cádiz), para que en representación del de Gobernación, hiciera entrega del mismo a la Delegación de Hacienda en la capital gaditana.

Continuará…