El Contencioso-administrativo de Algeciras acogió ayer el juicio por el desalojo de una vivienda social de Las Palomeras, acometido por el Ayuntamiento de La Línea a finales de julio. La mujer desahuciada, A. V. T. D., denunció esta medida ante los tribunales al considerarse la inquilina legítima de esta casa; donde, según explicó a Europa Sur en agosto, vivía junto a sus tres hijas -una de las cuales sufre hiperactividad, actitud hipopsíquica y rigidez muscular en los miembros, según su informe médico-.

Por su parte, el concejal responsable del área de Vivienda, José Ruiz, que acudió ayer a los juzgados en calidad de testigo, explicó que este desalojo se produjo después de que el Consistorio "tuviera constancia" de que la mujer estaba procediendo a la venta de la vivienda. De hecho, el edil apostilló que la inquilina entregó las llaves en un primer momento sin problemas. "Aunque después, al día siguiente, no estaba conforme", añadió.

Además, el Ayuntamiento linense señaló después del desahucio que había adoptado esta medida porque los vecinos de los distintos bloques del edificio, ubicado en la calle Virgen de Lourdes -en la barriada de Mirasierra, más conocida como Las Palomeras-, le comunicaron que podría haberse cometido un supuesto delito de estafa. "Ya que, según denunciaban, la persona a la que le fue concedida la vivienda podría haberla vendido y trasladado a vivir a Algeciras", subrayaron desde la administración local.

Una versión que difiere de la inquilina. Esta linense explicó a este diario que, en los días previos al desahucio, no pudo pasar mucho tiempo en su casa porque tenía problemas con los vecinos. "Pero no la abandoné", recalcó la mujer, quien añadió que, además, acudía "normalmente" de madrugada a recoger cosas y limpiar. Ésta expuso que en el momento del desalojo se encontraba en el inmueble junto a su pareja actual y que bajó a comprar tabaco. Entonces, según indicó, cuando regresó le contó su novio que tres efectivos de la Policía Local le echaron a "empujones" de la casa y le quitaron la llave al no poder demostrar que era el inquilino legítimo. La mujer aseveró que intentó explicar a los agentes que esa vivienda era suya. "Pero me acusaron de que se la había vendido", dijo. La denunciante también presentó un parte de lesiones por un arañazo en el brazo que, según su versión, le causaron los policías.