Los ex concejales del PP en Tomares Juan Antonio Campos, Mercedes Fuentes y  Pilar Domínguez han sido absueltos de acoso laboral y obstrucción a la Justicia. Fueron denunciados por un empleado municipal que alegó haber sido represaliado después de declarar en el juzgado de instrucción 8, que entonces investigaba los pagos por informes hechos por Juan Antonio Campos al Ayuntamiento de Tomares.

En el caso de los informes llegó a estar investigado el alcalde, José Luis Sanz (PP), finalmente exculpado por el Tribunal Supremo, a quien se remitió la causa por su condición de aforado. También la juez de instrucción 8 decidió archivar finalmente la causa  contra otros concejales por el pago de los informes, si bien su resolución definitiva está pendiente del recurso presentado por el PA municipal. 

Un trabajador municipal que declaró en el juzgado número 8 en contra de los concejales del PP les denunció por acoso laboral y obstrucción a la Justicia. Declaró que el Ayuntamiento le había quitado un complemento salarial de 245 euros y el uso de un coche, que fue privado de su ordenador personal y que le habían amenazado con el despido (le dijeron “los de arriba están muy cabreados contigo” y “tú serás el primero cuando empiecen a salir trabajadores del Ayuntamiento”, según su denuncia).

Por estos delitos el fiscal pidió dos años y nueve meses de cárcel para cada concejal y la acusación particular cuatro años y medio pero los tres han sido absueltos. El abogado Miguel Delgado Durán, que defendió a la concejala Pilar Domínguez, destaca a este periódico que además se han visto libres del pago de una indemnización fijada por el fiscal en 2.000 euros y por el denunciante en 6.000 euros. 

El letrado Alberto Pérez-Miranda, que defendió a Campos y Fuentes, señala por su parte que los testigos propuestos por la acusación no merecieron credibilidad a la jueza porque no escucharon amenaza alguna o porque pertenecían al mismo sindicato (CCOO) que el denunciante.

Dice la juez de lo Penal 6 que lo único que ha quedado acreditado es que la totalidad de los ordenadores retirados por orden judicial “se repusieron lo antes posible”, que nadie presenció un trato degradante, ni tan siquiera maleducado, de ninguno de los acusados al trabajador denunciante, Juan David B. 

Sobre el uso de un vehículo municipal, ha quedado acreditado que solo lo usa ahora el concejal pero “la otra persona que también lo usaba dejó de hacerlo, con lo cual ya no sería una represalia ante Juan David”. 

El complemento salarial transitorio “son muchos los trabajadores municipales que no lo cobran” y, como su propio nombre indica, “es un complemento que se renueva cada cierto tiempo por parte del Alcalde”. El denunciante “no fue al único trabajador al que se le quitó el acceso al puerto USB del ordenador, sino que fue algo general para todos, siendo necesaria una autorización expresa para restituirlo”.

La última acusación de que el Ayuntamiento había quitado funciones al denunciante es reiterada por otros trabajadores pero “en realidad es una afirmación que realizan sólo de oídas”, dice la juez. 

Por último, “ninguna de las expresiones amenazantes que el denunciante asegura le fueron proferidas por los acusados ha quedado acreditada”. Pese a que el PP sigue gobernando Tomares y han pasado más de cuatro años desde los hechos denunciados, “Juan David continúa trabajando en el Ayuntamiento a pesar de no ser funcionario, sino personal laboral, con lo cual las presuntas amenazas de echarlo de su puesto no se habrían materializado”. 

La Fiscalía consideró demostrados los daños morales y solicitó que los concejales -y el Ayuntamiento de forma subsidiaria- le indemnizasen en 2.000 euros.