El Estatuto Jurídico de la Víctima del Delito sigue sin cumplirse en algunos de sus aspectos fundamentales, sigue habiendo “segunda victimización” y el agredido “no pasa de ser un testigo, una abstracción jurídica, un instrumento procesal para absolver o condenar”.

Una jornada sobre esta normativa, organizada por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Colegio de Abogados de Sevilla, constató que el Estatuto de la Víctima, aprobado en 2015, “supuso un notable avance” en sus aspectos de humanización, personalización y tratamiento integral pese a otras carencias que subsisten.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, inauguró la jornada el 22 de junio y reconoció que la víctima “sigue siendo un instrumento del proceso” y se la ve simplemente como un elemento para absolver o condenar.  Muchas veces, relató, un funcionario se dirige al agredido antes del juicio y le dice: “Váyase, el acusado se ha conformado”. “Nadie le pregunta si tiene algo que decir”, se lamentó del Río.

La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, se centró en las víctimas de la violencia de género, con 29.720 intervenciones anuales en toda Andalucía del turno de oficio especializado. “Es algo que nos interpela al conjunto de la ciudadanía”, afirmó.

Todos coincidieron en la necesidad de evitar la “segunda victimización”, que a veces es casi tan grave: cuando el afectado tiene que volver a declarar y rememorar detalles de lo ocurrido, someterse a exámenes médicos, coincidir con el agresor en los pasillos o cuando los medios de comunicación divulgan su imagen y sus datos.

En Sevilla no hay todavía una sala de espera para las víctimas y testigos, pese a lo sencillo que sería habilitarla. Antes de un juicio en la Audiencia, los agredidos y la familia del agresor coinciden en la puerta de la sala de vistas y sucede a menudo que las dos partes intercambian insultos y amenazas a voz en grito. En el edificio Noga, donde celebran juicios los juzgados penales, la coincidencia es en un pasillo de menos de dos metros de ancho, atestado de gente.

Los periodistas fueron testigo el 26 de junio de un episodio de estas características en la Audiencia provincial: Se celebraba un juicio con jurado por un homicidio y unos 15 familiares del fallecido esperaban en el descansillo. Pasó el acusado, esposado y escoltado por la Policía, y la familia empezó a proferir amenazas y a decir a los agentes: “Si no lo matais vosotros, lo matamos nosotros”. Transcurrieron unos diez minutos hasta que un refuerzo policial consiguió poner orden y desalojar al más agresivo.

Rosa Freire, juez de instrucción 32 de Madrid, lamentó en la jornada que la víctima “esté relegada a una abstracción jurídica. Se siente marginada y victimizada, empezando por su comparecencia ante la Policía y luego ante los jueces y todo el proceso penal”.

“El siglo XXI deberá conseguir una justicia más humana y eso pasa por dar un papel protagonista a la víctima en el proceso penal”, pero en esa tarea “los jueces, fiscales y abogados debemos hablarle de otra manera y darle el trato humano y sensible que exige el Estatuto”, afirmó la magistrada.

Javier Francisco Alba, juez de instrucción 2 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), apuntó a otras carencias del sistema como el hecho de que la normativa prevé un tratamiento personalizado al ofendido pero las resoluciones se le notifican por correo electrónico, que el ofrecimiento de acciones debería hacerse de forma más clara y señaló que en cada resolución judicial debería valorarse si hay algo más que deba notificarse a la víctima, no solo la parte dispositiva, porque afecte a su derecho a la tutela judicial.