Proponen una nueva huelga judicial -la cuarta desde 2009-, la elección de los presidentes de los tribunales por los propios magistrados y el fin de los aforamientos.  Cincuenta jueces decano de toda España se han reunido en Melilla con el aval de haber sido elegidos democráticamente por más de 2.500 compañeros de toda España.

El decano de Sevilla, Francisco Guerrero, presentó las recomendaciones para reforzar la independencia de la Justicia. Entre sus conclusiones, pedir que un magistrado se incorpore a los Gabinetes de Prensa -que ahora dependen de los respectivos Tribunales Superiores- para “conseguir mayor transparencia y claridad”.

Entre los siete puntos para mejorar esa independencia, los decanos apuntan a la limitación de las “puertas giratorias” o “viajes de ida y vuelta” de la judicatura a la política. También la supresión del nombramiento por los parlamentos autonómicos de magistrados de los Tribunales Superiores.

Es rechazable la designación política de los magistrados de tribunales superiores porque esos mismos jueces serán luego los encargados de “enjuiciar a los aforados que les han nombrado”, destaca el comunicado final.

También exigen que los presidentes de los tribunales sean elegidos por los propios magistrados y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ampare a los jueces ante los ataques que reciben. “Es intolerable los ataques a la independencia judicial que se producen desde todos los ámbitos, incluso desde otros poderes del Estado”, aseguran en una de sus conclusiones.

Tal como proponen las asociaciones judiciales, los decanos insisten en la necesidad de que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por sus propios compañeros. El actual sistema de elección parlamentaria “nos aleja de los estándares europeos y ha sido criticado duramente en dos ocasiones por el Consejo de Europa”, recuerdan.

Un barco con demasiados capitanes

Los jueces decano insisten, como en muchas de sus 27 reuniones anteriores, en que la Justicia está olvidada y en que a los partidos no les interesa un Pacto de Estado que “no es rentable políticamente, no es una prioridad o simplemente porque conviene mantener el estado actual de las cosas”.

En conclusión: “El balance no puede ser mas decepcionante”.

“Tenemos la mitad de jueces que la media europea, una organización decimonónica y un caótico reparto de competencias entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas. Un barco con demasiados capitanes”.

Y añaden: “es sorprendente que en España la Justicia esté funcionando razonablemente bien pese al olvido institucional, cumpliendo con su obligación como garante de los derechos de los ciudadanos”.

Abogan por la limitación de unos aforamientos de los que se benefician 250.000 personas en España. Hace varios años que los decanos advirtieron por primera vez de este anacronismo y ahora llaman de nuevo la atención porque se trata de un “privilegio procesal de difícil justificación salvo casos muy excepcionales” que además genera un “enorme retraso en la tramitación de las causas”.

Tras la huelga, “el vacío más absoluto”

Los decanos lamentan que en España se hayan modernizado importantes instituciones como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, “con la que no se han escatimado recursos”. “Tristemente la Justicia hoy en España no es una prioridad, como debería serlo “en todo Estado de Derecho que se precie, como la sanidad o la educación”.

Por ello instan a las asociaciones judiciales a convocar un nuevo calendario de movilizaciones, huelga incluida, si en un plazo prudencial no atienden sus reivindicaciones. Sería la cuarta huelga después de la “histórica” del 22 de mayo. Desde entonces  “han pasado los meses, ha cambiado el Gobierno y lo conseguido ha sido sencillamente la nada, el vacío más absoluto”.

Entre las propuestas para modernizar la Justicia, los decanos apuntan impulsar figuras como el “coordinador de parentalidad” en las separaciones matrimoniales, que se creen las Oficinas de Asistencia a la Víctima previstas desde 2015 o la habilitación de Salas Gesell para la declaración de menores y discapacitados.