La causa en la que está investigado al alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), se reactiva. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha ampliado con cuatro nuevos investigados la investigación abierta en 2013 por la realización de contratos privados a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social, pudiendo de este modo haber usurpado presuntamente de sus funciones públicas a los funcionarios que por ley tenían atribuido este cometido.

El juez ha dictado un auto en el que acuerda la imputación de otras cuatro personas, todas ellas contratistas, que declararán el próximo 22 de octubre, día en el que también han sido citadas a declarar otras cuatro personas que ya figuraban como investigados: tres funcionarios de la delegación provincial de Economía e Innovación en Málaga y la jefa de servicio de la dirección general de Economía Social de la Consejería de Economía, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

Se da la circunstancia de que sobre la jefa de servicio se había acordado el sobreseimiento en un auto dictado el 21 de octubre de 2016, si bien el magistrado decidió el 16 de julio de 2018 la reapertura de las actuaciones contra esta funcionara a la vista de las diligencias posteriores recibidas por el juzgado, lo que ha motivado que el juez haya decidido citarla de nuevo a declarar.

En ese mismo auto del 16 de julio, el juez José Ignacio Vilaplana desestimó la solicitud de sobreseimiento que había solicitado la defensa del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, al poner de manifiesto que la instrucción de la causa no estaba concluida y todavía quedaban diligencias por practicar. El abogado del regidor granadino recurrió el auto que denegaba la petición de archivo, que aún está pendiente de resolución.

El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca Rodríguez, aseguró en su declaración, en diciembre de 2016, que siempre actuó con "total transparencia" y siguiendo las "instrucciones de la dirección general" en su etapa como delegado de Economía de la Junta de Andalucía en Granada, en relación con su citación en calidad de investigado por el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana, que investiga si el entonces delegado usurpó las funciones de los funcionarios que por ley tenían atribuida la realización de las inspecciones para los cursos de formación en Economía Social.

El regidor granadino, que declaró ante el juez por espacio de una media hora, defendió que cumplió las "instrucciones" que recibía de la dirección general de la Consejería "con el objeto de hacer un seguimiento de una serie de acciones formativas, de jornadas en las que había que hacer un seguimiento".

Francisco Cuenca recordó que se trata de contratos menores, de menos de 12.000 euros, que entendió "ajustados y contaban con los informes preceptivos y las instrucciones de la dirección general y de la jefatura de Servicio", por lo que se limitó a tramitarlos. "Es el único papel mío. ¿Dónde están aquí los motivos para poner en cuestión mi honorabilidad y honestidad?", se cuestionó en declaraciones a los periodistas.

Preguntado por si esos contratos con empresas privadas se realizaron de manera correcta, Francisco Cuenca insistió en que está "convencido" de ello y añadió que este asunto versa sobre cuestiones "meramente administrativas". "Aquí no hay nada de corrupción, no se está cuestionando el buen uso del dinero público ni se ha perdido dinero, ni nadie ha metido la mano", precisó Francisco Cuenca, que agregó que "no hay nada de corrupción, sino sólo una cuestión que defiende un sindicato de funcionarios, que están en su derecho".

La causa se inició a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) que denunció unos hechos en los que se podría haber incurrido en delitos de usurpación de funciones publicas, prevaricación y malversación.

En esta investigación se analizan las contrataciones a particulares que se hicieron desde la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía para realizar trabajos atribuyendo funciones y potestades que sólo pueden realizar funcionarios públicos. Además, se están estudiando las razones que han llevado a acudir a procedimientos de contratación excepcionales -como es el contrato menor que puede ser de adjudicación directa- alterando el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia.

En estos hechos aparecen asimismo investigadas las personas que en ese momento ocupaban el cargo de delegados provinciales de la Consejería de Economía e Innovación en Jaén, Málaga, Cádiz y Granada, y a los jefes de servicio de Huelva, Córdoba y Almería.

En el auto inicial en el que el magistrado imputó a diez personas señaló expresamente que "la atribución ilegítima de funciones públicas habría venido acompañada de la entrega de documentación administrativa consistente en modelos de actas e informes, posteriormente utilizados por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas”; documentos que cuentan con membrete o encabezamiento oficial de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo y que aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica “Por la Administración (el inspector)”.

Para el juez, quedaría así “materializado por los contratistas el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por tanto, no ser inspectores oficiales de la Administración Autonómica, figurando indebidamente como tales en el correspondiente expediente administrativo al que dicha documentación tenía por destino incorporarse", aseveraba ese auto.