Los Gobiernos de Escocia y Gales y un sindicato que representa a los trabajadores migrantes podrán hablar durante el proceso judicial en el que se decidirá si el Gobierno británico debe contar o no con la aprobación del Parlamento para fijar los términos de su salida de la Unión Europea (UE). Gibraltar aguarda con enorme expectación un proceso que amenaza con frenar la salida de la Unión Europea que los gibraltareños desecharon el 23 de junio en las urnas y los británicos respaldaron. La Corte Suprema británica concedió así las "solicitudes a intervenir" que habían presentado los dos Gobiernos autónomos, el Sindicato Independiente de Reino Unido y un grupo de expatriados británicos.

La decisión significa que podrán hablar durante el proceso de apelación del Gobierno de la primera ministra Theresa May contra una decisión del Tribunal Superior que lo obliga a buscar la aprobación del Parlamento para decidir cómo implementar el Brexit. La sentencia dictada a comienzos de mes señalaba que el Parlamento debía dar su aprobación antes de que May recurriera al artículo 50 del Tratado de Lisboa que regula el proceso de negociación de dos años para salir de la UE.

May considera que recibió un mandato suficiente en el referéndum de finales de junio, cuando poco más de la mitad de los británicos votaron a favor de salir de la UE, para iniciar las negociaciones sin necesidad de implicar al Parlamento. May señaló que podría activar el artículo 50 antes de finales de marzo, fecha que quiere mantener independientemente del proceso judicial. Además, el Gobierno autónomo de Irlanda del Norte será incluido automáticamente en la vista de apelación que tendrá lugar del 5 al 8 de diciembre, añadió la Corte Suprema.

Precisamente, altos funcionarios de Irlanda del Norte coincidieron ayer con el primer ministro irlandés, Enda Kenny, y varios ministros del país vecino en la necesidad de preservar las fronteras abiertas, durante un encuentro celebrado en Dublín para debatir el potencial impacto del Brexit. "Nosotros (Irlanda del Norte) somos la única parte del Reino Unido que tiene una frontera terrestre con la UE y necesitamos disposiciones especiales para el libre movimiento de bienes y personas", dijo Jeffrey Donaldson, diputado del Partido Unionista Democrático (DUP). "No queremos que el resultado (del Brexit) sea una frontera rígida", dijo a la emisora británica RTE.

Si los británicos dejan la UE, la frontera entre Irlanda del Norte, que pertenece a Reino Unido, y la República de Irlanda, se convertirá en una nueva frontera exterior de la UE.

Martin McGuinness, viceprimer ministro y líder del partido nacionalista irlandés Sinn Fein, dijo que él y la primera ministra norirlandesa Arlene Foster, del DUP, enviarán una carta conjunta a May para hablar de temas que afectarán a Irlanda del Norte, como la cuestión fronteriza, el futuro de la financiación europea o el impacto del Brexit en la agricultura o la industria de la alimentación. Kenny dijo la semana pasada que el Brexit es quizá "el mayor desafío económico y social para la isla en 50 años".

El Consejo Ministerial Norte-Sur fue creado bajo los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que pusieron fin formalmente a décadas de conflicto sectario en Irlanda del Norte. Su objetivo es debatir temas transfronterizos, así como impulsar la cooperación y acciones conjuntas.