Gibraltar

Un dictamen y cinco incógnitas

Es posible que esta sea la decisión más explosiva que el Tribunal Superior de Londres haya tomado jamás. Según determinó ayer el tribunal, la primera ministra Theresa May no podrá llevar adelante las negociaciones para la salida del país de la Unión Europea (Brexit) sin contar con la aprobación del Parlamento. Algunos partidarios de la salida creen que la democracia británica se hunde, mientras que el Gobierno se mostró "decepcionado" sobre la decisión judicial. A continuación, cinco cuestiones al respecto:

Puede que el plazo llegue a cumplirse a pesar de la decisión de ayer, pero ya no está tan claro. Según una portavoz del Gobierno, este no tiene previsto dejarse apartar del plan establecido. Hoy May hablará por teléfono con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el lunes el Gobierno comparecerá en el Parlamento para explicar su posición. El Ejecutivo ya anunció que apelará la decisión del Tribunal Superior. La Corte Suprema abordará el caso previsiblemente a principios de diciembre y decidirá a principios de enero. Si el Parlamento tuviese que aprobar una especie de ley del Brexit'" el proceso podría prolongarse.

La mayoría se mostraron en público a favor de la permanencia en la Unión Europea (UE), es decir, en contra del Brexit. En una encuesta de la agencia de noticias británica AP, 480 de 650 parlamentarios se mostraron en contra de la salida. Sin embargo, el think tank Open Europe cree que ahora los legisladores podrían sentirse obligados respecto al resultado del referéndum, en el que ganó el "sí" al Brexit.

Oficialmente temen por la democracia británica. Pero en realidad existe el temor a que los partidarios de la UE consigan imponer sus posiciones, es decir, que la libertad de movimiento quede por delante del control absoluto de las fronteras. O lo que es lo mismo, que prevalezca el Brexit blando frente al duro.

No. Para que así sea la Corte Suprema tiene que confirmar la decisión del Tribunal Superior. Al tratarse de una interpretación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, la Corte Suprema podía derivar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Gobierno conservador británico sabía que podía pasar algo así pero sigue convencido de que tienen razón, tanto moral como jurídicamente, y por eso no ha temido nunca la decisión. Su argumento es que fue el Parlamento el que decidió dejar votar al pueblo sobre el Brexit en el referéndum del 23J y que siempre estuvo claro que la victoria del "no" supondría la salida del bloque. Por eso Theresa May consideró que podría utilizar la "prerrogativa real", que en el Reino Unido ya no corresponde a la reina sino al Gobierno.

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