Un Comité Conjunto de Coordinación compuesto por las autoridades que designen España y Reino Unido supervisará y coordinará la cooperación prevista en el acuerdo internacional en materia de fiscalidad en relación con Gibraltar que el pasado lunes firmaron ambos gobiernos. El acuerdo pretende, sobre todo, que las personas que pasen más de la mitad del año en España y las empresas cuya actividad se centre en territorio español tributen a este lado de la Verja. Pero además, Madrid logrará un mayor control de los datos de los trabajadores españoles en el Peñón.

El Comité Conjunto de Coordinación tendrá como misión resolver de mutuo acuerdo cualquier dificultad o duda que pueda surgir en relación con la interpretación o ejecución del pacto, que entrará en vigor cuando ambos países completen sus procedimientos internos. En el caso de España debe pasar por el Consejo de Ministros y posteriormente tiene que tener el visto bueno del Congreso de los Diputados.

El acuerdo, difundido ayer por el Gobierno de Gibraltar, destaca que ambas partes pretenden “mejorar la cooperación en el ámbito de la fiscalidad y la protección de los intereses financieros”. La asistencia administrativa mutua en materia fiscal consistirá en el intercambio de información, la ayuda en la recaudación y la entrega o traslado de documentos.

Las autoridades fiscales gibraltareñas deberán proporcionar a las españolas información anual de los trabajadores registrados en el Peñón como residentes en España, detallando todos los extremos de su relación laboral subyacente o de cualquier actividad empresarial o profesional desarrollada por ellos, incluidos los pormenores sobre la duración, los términos económicos y el empleador. También deberán aportar datos semestrales sobre buques, aeronaves y vehículos a motor registrados en Gibraltar por residentes fiscales en España.

La Hacienda española, además, tendrá acceso libre a las anotaciones del Registro Mercantil de Gibraltar, según la directiva sobre la prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

En la otra dirección, el acuerdo obliga a las autoridades fiscales españolas a proporcionar a Gibraltar información anual sobre los trabajadores registrados en España como residentes en el Peñón y datos semestrales sobre buques, aeronaves o vehículos a motor registrados por primera vez a este lado de la Verja por residentes fiscales en la Roca.

Las personas físicas serán consideradas residentes fiscales en España si realizan más de 183 pernoctaciones al año en el país, si su cónyuge o sus ascendientes o descendientes dependientes tienen su residencia habitual en España, si la única vivienda permanente la tiene e España o si dos tercios de los activos netos que posee se encuentran en este lado de la Verja.

Tras la validación del tratado, los españoles que trasladen su residencia a Gibraltar se considerarán residentes fiscales exclusivamente en España, así como los nacionales no españoles que aporten pruebas de su nueva residencia en el Peñón, durante los cuatro años siguientes.

En cuanto a personas jurídicas y entidades constituidas en Gibraltar se considerará que tienen residencia fiscal en España cuando la mayoría de activos se encuentran en este país, cuando la mayoría de encargados tributen a este lado de la Verja o cuando la mayor parte de los derechos sobre el capital o el patrimonio neto se encuentren bajo el control de personas o sociedades españolas.

Para las empresas constituidas antes del 16 de noviembre de 2018 y que cumplan las dos últimas condiciones tendrán una serie de excepciones para poder tributar en Gibraltar, que pasan por tener su mayor parte de actividad y rentas en el Peñón.