Los diputados de Vox en el Congreso por Cádiz y Badajoz, Agustín Rosety y Víctor Sánchez del Real, respectivamente, han presentado una batería de preguntas al Gobierno para conocer el censo de trabajadores que atraviesan la frontera con Gibraltar  para trabajar en el Peñón, pues sospecha de irregularidades.

En concreto, piden conocer los trabajadores españoles, comunitarios o de tercera nacionalidad que atraviesan cada día la verja, así como las instrucciones que reciben la Agencia Tributaria y las Fuerzas de Seguridad del Estado para vigilar el tránsito de estos. "Nada sabemos de la existencia de un censo de trabajadores que permita conocer con certeza la magnitud de esta población", han señalado los diputados de Vox, que dudan de que los trabajadores "no están siendo debidamente atendidos por las autoridades" de Gibraltar  y reclaman "facilitar la asistencia social a la que tengan derecho". 

Gibraltar es una dependencia colonial británica perteneciente a la Unión Europea, cuyas relaciones exteriores asume un Estado Miembro, pero el régimen europeo de unión aduanera no le resulta de aplicación. Por eso, Sánchez del Real y el general Rosety critican que "la aplicación rigurosa de la normativa genera dificultades al paso habitual de los trabajadores por la verja, aunque España no reconozca a esta como frontera".

Como recuerdan los diputados en su pregunta al Gobierno, la Agencia Tributaria creó en 2015 un Registro para facilitar a quienes se inscribieran el cumplimiento de los trámites legales de tránsito, pero apenas se inscribieron un centenar de personas. "Cabe intuir que, o el contingente de trabajadores no era tan elevado como se decía, o había una proporción de personas en situación irregular", han destacado los diputados de Vox. Asimismo, han manifestado sus dudas sobre el cumplimiento con la ley en evitación de contrabando, porque a su juicio, "no hay siquiera, un dato fiable sobre cuántos trabajadores cruzan cada día la verja". Y han instado al Gobierno a entregar un censo y explicar las instrucciones que reciben la Agencia Tributaria y las Fuerzas de Seguridad del Estado para vigilar el tránsito de los trabajadores, con el objetivo de regular la situación laboral.