El Tribunal Supremo británico concedió ayer al Parlamento la potestad de decidir el futuro del Reino Unido. Y de camino, de Gibraltar. El máximo órgano judicial dictaminó que el Gobierno de Theresa May debe obtener la autorización de los diputados antes de iniciar el Brexit, la salida de la Unión Europea (UE).

Aunque no impedirá la salida, la sentencia complica a May y a su equipo seguir adelante con su proyecto del denominado Brexit duro. También puede ralentizar el proceso, multiplicar el desgaste en la imagen pública del Gobierno y dar más poder de decisión a otros partidos.

En un dictamen histórico, con una mayoría de ocho a tres, los jueces de la máxima instancia judicial británica concluyeron que no se puede invocar el decisivo artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones para la salida, sin el visto bueno del Parlamento.Esto significa que May debe presentar un proyecto de ley, que puede ser enmendado, y que tiene que pasar por las dos cámaras del Parlamento, incluida la Cámara de los Lores, que no es elegida mediante sufragio.

De esta manera, la corte rechazó el recurso que había presentado el Gobierno contra el fallo de un tribunal inferior -el Superior de Londres-, que en noviembre ya dio la razón a un grupo de ciudadanos, representados por la empresaria Gina Miller y con el gibraltareño Paul Cartwright en sus filas, al señalar que no se pueden retirar los derechos de los ciudadanos sin el o.k. al Parlamento.

En su dictamen de unos noventa folios, los jueces del Supremo concluyen además, esta vez por unanimidad, que el Gobierno central no está obligado a consultar a los poderes legislativos de las autonomías -el Parlamento escocés y las asambleas de Gales e Irlanda del Norte- antes de invocar el artículo 50.

La decisión judicial no anula ni modifica el resultado del referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, cuando los británicos votaron mayoritariamente a favor de salir de la UE en una tendencia contraria a la que se vivió en Gibraltar. "El referéndum es de un gran significado político, pero la ley parlamentaria que lo estableció no decía qué debía ocurrir (tras el) resultado", afirmó el presidente del Supremo, David Neuberger, al leer el resumen del veredicto.

Así que, puntualizó, "cualquier cambio en la legislación para hacer efectivo el (resultado del) plebiscito debe hacerse de la única manera permitida por la constitución (no escrita) del Parlamento, es decir, una ley del Parlamento" en el Reino Unido.

A pesar de la decisión del Supremo, el Gobierno conservador británico anticipó que mantiene el calendario que se ha fijado de comunicar a Bruselas la retirada del Reino Unido de la UE antes de finales de marzo, por lo que el país estaría fuera del bloque comunitario en la primavera de 2019.

El ministro para el Brexit, David Davis, dijo ayer en la Cámara de los Comunes que espera presentar "en unos días" el proyecto de ley para la activación del artículo 50. En teoría, un proyecto de ley podría completar todo el proceso parlamentario en un solo día. Pero eso solo ha ocurrido en situaciones de emergencia, y cuando ha existido acuerdo entre todos los partidos. Lo normal es que lleve semanas, o meses.

Existen una serie de fases en cada cámara, con votos en cada fase, y muchas oportunidades para los disidentes de proponer enmiendas. Ambas cámaras deben estar de acuerdo en la formulación escrita de la ley resultante.

En principio no parece que el Parlamento vaya a bloquear el artículo 50. El resultado del referéndum hace difícil para los diputados votar en contra del abandono de la UE. La mayoría del Partido Conservador de May apoya ahora la salida, y el Partido Laborista, en la oposición, ha declarado que no la bloqueará, si bien algunos diputados individuales podrían rebelarse. La Cámara de los Lores, que no es escogida mediante sufragio, sería igualmente reacia a desafiar la voluntad del pueblo expresada en el referéndum.

No obstante, los que se oponen al Brexit pueden poner obstáculos en el camino del gobierno, añadiendo enmiendas a la legislación. La mayoría de May en la Cámara de los Comunes es pequeña. La mayoría de sus miembros hicieron campaña en contra del Brexit, y muchos tienen reservas acerca del tipo del divorcio que pretende May. Si alguien da con la enmienda adecuada, podría poner de su lado a la cámara.

Cualquier miembro del Parlamento puede proponer una enmienda, pero el presidente John Bercow decide cuáles se debaten. El Partido Laborista, que cuenta con 229 diputados en la Cámara de los Comunes de 650 escaños, ya ha manifestado que propondrá una enmienda de cualquier proyecto de ley del Artículo 50. El Partido Nacionalista Escocés, con 54 miembros del Parlamento, ha prometido proponer 50 enmiendas "serias y significativas".

Durate el proceso lo más probable es que los contrarios al Brexit se decanten por opciones que aten las manos al gobierno y que subrayen los problemas que se derivarán de las conversaciones. Los requisitos de puestas al día parlamentarias acerca del progreso de las negociaciones podrían traducirse en que los ministros deban enfrentarse a repetidas interpelaciones acerca de su estrategia, y al posible repetido bochorno si las cosas no marchan bien. Los laboristas perseguirán un "acceso completo, sin aranceles, al mercado único", y se asegurarán de que el gobierno asuma sus responsabilidades ante el Parlamento durante todo el proceso. Los demócratas liberales, que cuentan con nueve diputados de 350, votarán en contra de la invocación del Brexit si no hay un compromiso de que el acuerdo final vaya de nuevo a referéndum.