La primera ministra británica, Theresa May, transmitió ayer al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y a la canciller alemana, Angela Markel, su confianza en que el calendario del Brexit -la salida del Reino Unido de la Unión Europea en la que arrastrará a Gibraltar- no se alterará por la sentencia que le obligae a pedir autorización al Parlamento.

May explicó a ambos líderes por teléfono que espera que el Tribunal Supremo revoque en diciembre el fallo que niega a su Gobierno el poder constitucional necesario para activar de forma unilateral el artículo 50 del tratado de Lisboa, que iniciará formalmente la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea.

Si la máxima autoridad judicial británica mantiene la sentencia que dictó el jueves el Tribunal Superior, May podría verse obligada a tramitar una ley que pasaría por la Cámara de los Comunes -donde su formación, el Partido Conservador, tiene mayoría absoluta- y la de los Lores -donde sus miembros vitalicios son más proclives a la UE-.

Ese proceso parlamentario abriría la puerta a que diputados de la oposición o bien conservadores proeuropeos intentaran retrasar la salida de la UE o trataran de imponer condiciones al inicio del proceso de negociaciones con Bruselas.

A pesar de la complejidad y la incertidumbre que ha añadido el dictamen judicial, la primera ministra comunicó a sus colegas europeos que "la agenda planeada para notificar (la activación del) artículo 50 se mantiene intacta", detalló un portavoz de Downing Street.

El Ejecutivo británico prevé iniciar la desconexión en abril de 2017, lo que abriría un periodo de dos años de negociaciones antes de la ruptura de lazos definitiva entre Londres y Bruselas, que se produciría, según ese calendario, a principios de 2019.

"A pesar de que el Gobierno está decepcionado con la decisión de ayer (por el jueves), mantenemos la firme convicción de que nuestros argumentos son lo suficientemente sólidos para defenderlos el mes próximo en el Tribunal Supremo", agregó esa fuente oficial.

El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, envió desde Berlín el mismo mensaje de confianza en que las decisiones de la justicia no interferirán en el proceso del Brexit. "Creo que la dirección está claramente marcada. La voluntad de los británicos quedó claramente expresada" en el referéndum del 23 de junio -en el que abandonar la UE se impuso con el 51,9% de los votos-, dijo Johnson en una rueda de prensa junto a su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier.

Steinmeier alertó de que retrasar la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que comienza el proceso, daña tanto al Reino Unido como a la UE. Además, confió así en que no haya retrasos en la agenda de la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, que señaló que invocaría ese artículo en el primer trimestre de 2017, y recordó que las negociaciones pueden durar dos años, plazo "relativamente breve" si se tiene en cuenta la dimensión de los asuntos que hay que tratar.

El dictamen de los jueces ha levantado las críticas entre los sectores más favorables al Brexit en el Reino Unido, que acusan a los magistrados del Tribunal Superior de inmiscuirse en asuntos políticos que no les corresponden. "El sistema judicial se está volviendo cada vez más políticamente activo. Creo que es necesario algún mecanismo para llamarles al orden. Creo que tienen que rendir más cuentas. Así lo pone de manifiesto este caso", dijo Suzanne Evans, candidata a liderar el eurófobo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP). Anticipándose a esas críticas, los jueces trataron de apaciguarlas en el texto de su sentencia: "Nada de lo que afirmamos tiene relación alguna con los méritos o deméritos de que el Reino Unido abandone la Unión Europea", advertían en su fallo.