La Comisión Europea (CE) ha excluido a Gibraltar de una estrategia de acción con 14 medidas temporales para mitigar el daño que un Brexit sin acuerdo haría a sectores como aduanas, servicios financieros o transporte aéreo. 

La razón de que la Roca quede fuera de este paquete de disposiciones es que la CE realiza estas propuestas al que todavía es un Estado miembro y va a dejar de serlo (Reino Unido). El Peñón forma parte de Unión Europea con un estatus especial, porque es un territorio independiente cuyas relaciones exteriores dependen de un Estado miembro. Es decir, no pertenece por sí mismo, sino por su vinculación a Reino Unido, que consiguió que se le otorgara este estatus especial y único en su tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1973. Cuando Reino Unido deje la UE, también se extingirá la vinculación de los 27 con Gibraltar. Las 14 medidas temporales que se proponen son documentos nuevos, sin relación directa con el tratado de 1973.

A sólo 100 días de que se produzca el Brexit y sin atisbo de que el Parlamento británico vaya a aprobar el acuerdo de retirada acordado por Reino Unido y la UE, el Ejecutivo comunitario ofrece una prórroga de las normas vigentes de entre nueve y doce meses desde el 29 de marzo de 2019 (cuando se hace efectivo el divorcio) en el sector financiero y en el transporte aéreo y por carretera.

Durante ese tiempo, Gibraltar estaría en una posición distinta respecto a la UE de la que tendría Reino Unido. El Peñón sería un territorio completamente ajeno al club comunitario. 

El Gobierno de Gibraltar destaca en un comunicado que estas medidas provienen de los 27 y no del Reino Unido y que evidencian "la importancia para Gibraltar de dejar la Unión Europea tras alcanzar un acuerdo de retirada, que algunos parecen no haber apreciado".

La Comisión advierte de que durante las próximas semanas continuará con la aplicación de su plan de acción de contingencia, supervisará la necesidad de medidas adicionales y seguirá apoyando a los Estados miembros en su trabajo de preparación.  

En primer lugar, la CE insta a los Estados miembros a que adopten medidas para garantizar que los ciudadanos del Reino Unido que residen legalmente en la UE en la fecha de la retirada sigan siendo considerados residentes legales. La Comisión ya ha adoptado una propuesta de Reglamento que exime a los británicos de la obligación de visado, a condición de que todos los ciudadanos de la UE estén igualmente exentos de los requisitos de visado del Reino Unido. Los yanitos que residan en España quedarían e un limbo aún por resolver. 

El Gobierno de la Roca cree que esta exclusión revela la importancia de dejar la UE con un acuerdo de retirada

La Comisión también ha adoptado una propuesta de Reglamento a fin de permitir temporalmente (nueve meses) transportar mercancías a la UE a los operadores del Reino Unido, siempre que el Reino Unido otorgue derechos equivalentes a los operadores de transporte por carretera de la UE y siempre que se respeten condiciones de competencia equitativas. Al menos durante ese tiempo, el paso de mercancías entre el Peñón y La Línea quedaría sujeto a las normativas internacionales. 

Por lo que se refiere a la coordinación de la seguridad social, la Comisión considera que es necesario que los Estados miembros den todos los pasos posibles para garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos adquiridos por los ciudadanos de la UE y los nacionales del Reino Unido que hayan ejercido su derecho a la libre circulación antes del 30 de marzo de 2019.

En el capítulo de servicios financieros, la CE propone una equivalencia "temporal y condicional" durante 12 meses para asegurar que no hay disrupciones inmediatas para las casas de contrapartida central y durante 24 meses para los servicios centrales de depositarios para operadores europeos que usan en la actualidad operadores británicos.

La Comisión adopta medidas para evitar la interrupción total del tráfico aéreo entre la UE y el Reino Unido en caso de no llegar a un acuerdo. Estas medidas solo garantizarán una conectividad básica y no reproducen de ninguna manera las importantes ventajas de la adhesión al Cielo Único Europeo. Las propuestas están supeditadas a la concesión por el Reino Unido de derechos equivalentes a las compañías de transporte aéreo de la UE y al establecimiento de condiciones de competencia equitativas. Propone un reglamento para garantizar temporalmente (durante doce meses) la prestación de determinados servicios aéreos entre el Reino Unido y la UE y otro de 9 meses para dar validez de determinados certificados de seguridad de la aviación. A efectos prácticos, parece que esto tendría escasas consecuencias sobre el aeropuerto del Peñón, que solo tiene conexiones con Reino Unido y Marruecos. 

En cuanto a las aduanas, la CE adoptó una propuesta de reglamento para añadir el Reino Unido a la lista de países para los que una autorización general de exportación de productos de doble uso es válida en toda la UE. No obstante, Bruselas señala que los países deben estar preparados para "aplicar el código aduanero de la Unión y las disposiciones pertinentes relativas a la fiscalidad indirecta en relación con el Reino Unido". Además, la Comisión elaborará un Reglamento Delegado "para incluir los mares que rodean al Reino Unido en las disposiciones sobre plazos en los que las declaraciones sumarias de entrada y las declaraciones previas a la salida deben presentarse antes de salir o de entrar en el territorio aduanero de la Unión".

Estas propuestas deben recibir la luz verde del Parlamento Europeo y el Consejo, a quienes la Comisión pidió que "garanticen la adopción de los actos legislativos propuestos de forma que entren en vigor para el 29 de marzo de 2019".