El Parlamento escocés rechazó ayer dar su consentimiento a la aprobación de la ley del Brexit, que se encuentra en trámite en la cámara británica de Westminster y que trasladará al cuerpo legal del Reino Unido la normativa comunitaria cuando el país abandone la Unión Europea (UE). Es la primera vez que el Parlamento escocés niega su consentimiento a una ley procedente de Westminster, lo que puede llevar a una confrontación directa entre Londres y Edimburgo y a dilatar aún más la salida de los británicos, entre ellos Gibraltar, de la UE.

Si finalmente no es posible lograr un consenso, el Parlamento de Westminster tiene potestad para aprobar la ley sin el consentimiento de su homólogo escocés, aunque sería la primera vez que esto suceda desde la creación de la cámara regional en Edimburgo en 1998.

Desde hace meses, el Gobierno escocés y el británico vienen manteniendo negociaciones para consensuar cambios en esta normativa, que regulará las competencias comunitarias en materia de agricultura, pesca, política ambiental, justicia y sanidad, pero hasta ahora no ha sido posible lograr un consenso.

Los diputados del Partido Laborista, los Verdes y los Liberal Demócratas (93 en total) respaldaron la moción introducida por el Partido Nacionalista Escocés (SNP), que gobierna en esta región, con el argumento de que la ley británica restringirá los poderes de Holyrood, el Parlamento de Escocia. Los conservadores (30 votos) fueron la única formación que votó en contra y culpó al SNP, que lidera la ministra principal, Nicola Sturgeon, de no haber alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo británico de Theresa May sobre los poderes que volverán a las cámaras regionales, tras la salida del Reino Unido de la UE, prevista para el 29 de marzo de 2019.

Durante el debate se aceptó una enmienda presentada por los laboristas a favor de llevar a cabo "conversaciones entre los partidos" con el fin de negociar un acuerdo, por lo que Russell afirmó que invitaría a los ministros británicos a "escuchar las preocupaciones de todos los partidos" y discutir "nuevas ideas".

Tanto el Gobierno escocés como el británico han insistido en que todavía hay posibilidades de hallar un acuerdo, aunque ambas partes admiten que sus posiciones permanecen distanciadas.

Hasta ahora han pactado que algunas competencias han de tener un marco general que se aplique a todo el Reino Unido, pero difieren en quién debería tener la última palabra sobre ellas en el futuro.

El principal argumento que sostiene el SNP es que quiere que se garantice que el Parlamento escocés dará su consentimiento formal a ciertas medidas y no solo será consultado, como propone Londres, que teme que tal exigencia pueda dar a la cámara poder de veto sobre normativas que se aplican en todo el país.

El Gobierno de Gales ya ha pactado con el Reino Unido sobre estas competencias y los cambios se han incluido en el proyecto de ley de retirada de la UE, que tendrá su tercera lectura en la Cámara de los Lores mañana, tras lo que pasará de nuevo a los Comunes.

En marzo, los parlamentos regionales de Escocia y Gales aprobaron sus propias leyes del Brexit para evitar así un vacío legal en caso de que no se consiguiera pactar con el Ejecutivo central, un paso que el Gobierno británico ha llevado ante el Supremo al considerar que sobrepasa sus competencias.