El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, reconoció ayer que si el Parlamento británico no aprueba el acuerdo para el Brexit pero hay “posibilidad de seguir buscándolo” es posible que “se prorroguen los plazos” si así lo acuerdan los socios europeos por unanimidad.

Así lo afirmó durante su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press en los que, sin embargo, advertió de que el “verdadero” plazo límite son las elecciones europeas del 26 de mayo, puesto que éstas se han planificado partiendo de que Reino Unido ya no formaría parte del club europeo y, por tanto, ya no participaría en esas elecciones. Si Reino Unido permaneciese y tuviera que participar, ello obligaría a hacer cambios complejos.

El plazo inicialmente fijado para la salida es el 29 de marzo, pero el diario británico The Guardian afirmaba este domingo que la UE se estaba preparando para un posible aplazamiento de cuatro meses, hasta el mes de julio. Borrell admitió que un Brexit “por las bravas”, “de la noche a la mañana” que convirtiera a Reino Unido en un país tercero de la UE supondría una “catástrofe para todo el mundo”, aunque a España no le afectaría tanto como a otros socios, caso de Francia.

El ministro insistió en que, en relación con Gibraltar, aunque haya un Brexit sin acuerdo permanecerían vigentes los acuerdos bilaterales que España selló con Reino Unido en materia fiscal, de derechos de los ciudadanos, tabaco y otros productos, cooperación en materia medioambiental y cooperación policial y aduanera que suavizarán los efectos de una salida abrupta del Reino Unido para el Peñón y el Campo de Gibraltar. El Gobierno gibraltareño desmintió esta versión de Borrell a mediados de diciembre:“Se trata de acuerdos diseñados para implementar compromisos descritos en el Protocolo sobre Gibraltar del Acuerdo de Retirada. Sin un Acuerdo de Retirada no hay Protocolo sobre Gibraltar. Sin un Protocolo sobre Gibraltar, no existen memorandos efectivos derivados”, señaló el ministro principal, Fabian Picardo, en una comparecencia ante el Parlamento yanito.

De darse este escenario, España estaría preparada para hacerle frente porque el Gobierno ha preparado “medidas legislativas” que se concretarían en un real decreto ley que vería la luz, llegado el caso, a principios de febrero. Hay preparadas, ha precisado el ministro, “medidas logísticas” para reforzar los recursos materiales y humanos en materia de aduanas, además de estar prevista una labor de comunicación a ciudadanos y empresas a través de una página web disponible a partir de este lunes en el sitio de la Presidencia del Gobierno. 

Borrell aseguró que el Gobierno ha trabajado para que un Brexit sin acuerdo no suponga “ninguna alteración sustancial” para los derechos de los ciudadanos.  En materia comercial, un Brexit duro convertiría a Reino Unido en un país tercero y, por tanto, obligaría a introducir “estrictas normas sanitarias y fitosanitarias”. Los tres sectores económicos más sensibles en España a un Brexit sin acuerdo son el de transporte aéreo, el de servicios financieros y agricultura y pesca. Con relación al primero, los operadores aéreos han estado informados de la necesidad de adaptarse al escenario de un no acuerdo y el Gobierno espera que “no haya problemas para ninguno de ellos”.

En cuanto al sector financiero, la Comisión Europea ya ha propuesto medidas de contingencia que el Gobierno español las completará con “medidas nacionales”, precisó. Tanto el Ejecutivo comunitario como el español han informado a los operadores financieros de qué es lo que tendrían que hacer en caso de un Brexit duro. Por lo que se refiere a agricultura y pesca, reconoció que hay que preparar “ayudas específicas a nivel comunitario”, además de que sería pertinente adaptar la Política Agraria Común al nuevo escenario.