El Gobierno de Gibraltar emprendió ayer la tramitación de la reforma legislativa que permitirá formalizar matrimonios civiles entre personas del mismo sexo. Para ello será necesario modificar la Ley de Matrimonio Civil, algo que anunció ayer el Gobierno gibraltareño remachando que se trata de un cambio legislativo que no modificará la definición de matrimonio establecida por cada religión.

"La definición de santo matrimonio como un sacramento de la Iglesia Católica o la de los respectivos ritos de matrimonio de las religiones judía, islámica o hindú, no se verán afectadas en absoluto", recalcaron desde el Ejecutivo del Peñón en un comunicado en el que, además, añadieron que los ministros religiosos con la capacidad de administrar los ritos de matrimonio religioso quedarían protegidos por esta ley de tener que oficiar matrimonios que fuesen contrarios a sus creencias religiosas, de acuerdo con los derechos y libertades fundamentales del primer capítulo de la Constitución de Gibraltar del año 2006.

La reforma supone el cumplimiento de uno de los compromisos electorales de la coalición GSLP-Liberales 2015. Para ello, en diciembre de 2015 se emitió una propuesta legislativa para consultar a la ciudadanía sobre la mejor forma de abordar esta cuestión que recibió 3.490 respuestas.

"La consulta sobre la modificación de la Ley del Matrimonio Civil ha demostrado ser una cuestión que suscita una extensa y significativa participación ciudadana. Todas las respuestas fueron sometidas a consideración y, como resultado, el ministro principal estableció un grupo interministerial que ha mantenido reuniones con diversos grupos e individuos, que formaron parte de la consulta para asegurar que el Gobierno fuese capaz de comprender a fondo todas las posturas", apuntaron.

"Tal y como es siempre nuestra intención, el Gobierno ha cumplido con el compromiso electoral de publicar una propuesta legislativa a finales del año pasado para poder tomar en consideración las opiniones de todo el público que desease participar en este debate. La respuesta y la participación han sido destacables. En términos generales, existen dos posturas en este debate, una a favor del cambio y otra en contra. Ambas partes piensan que la razón está tan claramente de su lado que el Gobierno debería haberse puesto de su parte inmediatamente. Claramente, las cuestiones que suscitan semejante controversia requieren una consideración minuciosa. Éste es el motivo por el cual hemos querido asegurarnos de haber extendido la consulta de una manera tan amplia y profunda como lo hemos hecho", justificó el ministro principal, Fabian Picardo.

El Gobierno gibraltareño se mostró especialmente insistente a la hora de explicar que la reforma abarca al matrimonio civil, sin repercusión alguna sobre el concepto de matrimonio religioso. Picardo apuntó que se ha modificado el anterior borrador para incorporar salvaguardas. "Deseo aclarar que esta ley se refiere al matrimonio civil y no al sacramento del santo matrimonio ni a los ritos de matrimonio de ninguna religión", remachó Picardo, quien dijo estar satisfecho porque la reforma se aborde como proyecto de ley del Gobierno y no por iniciativa de un diputado. En el momento de su debate parlamentario y votación, Picardo avanzó que los integrantes de su grupo tendrán libertad de voto.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Samantha Sacramento, también enfatizó la participación ciudadana generada ante la reforma normativa. "Me siento orgullosa del progreso que hemos llevado a cabo y especialmente del importante proceso de participación ciudadana en el que nos hemos embarcado, el cual ha dado como resultado la publicación de este proyecto de ley. Se trata de otra importante disposición legal que promueve el principio de igualdad de trato. Las modificaciones propuestas para esta legislación no imponen ningún cambio en el matrimonio religioso ni las creencias religiosas, y ninguno de estos aspectos se verá afectado por la implementación de la legislación propuesta. Es más, hemos añadido protecciones adicionales para asegurarnos de que no exista ninguna duda en este respecto", recalcó.

El proyecto de ley será debatido una vez que haya finalizado el periodo de publicación de seis semanas, tal y como requiere la Constitución de Gibraltar.