La limitación o no de los precios de los productos básicos ante la escalada de la inflación ha vuelto a poner en evidencia las fricciones, cuando no división, entre los socios que componen el Gobierno central y la subdivisión entre las distintas facciones de Unidas Podemos. Tras el anuncio por parte de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de que se estudiaría poner un tope al precio de los alimentos para ayudar a las familias, PSOE y Podemos expresaban este miércoles sus posturas opuestas respecto a las medidas a adoptar para conseguir esa rebaja en la cesta de la compra.

Para el PSOE y Yolanda Díaz, esta debe llegar de la mano de un acuerdo con las distribuidoras. De hecho, la vicepresidenta segunda ha anunciado este miércoles que se reunirá el próximo lunes con grandes distribuidoras y asociaciones de consumidores y usuarios para tratar de buscar un acuerdo que limite los precios de alimentos básicos, como el pan, la leche o los huevos, aunque ha avanzado que este mismo jueves mantendrá un primer encuentro con Carrefour para abordar el tema. 

La vicepresidenta asegura que "nunca he hablado de una intervención de precios, sino de una medida diferente para un acuerdo entre distribuidoras y asociaciones de consumidores, al objeto de hacer algo completamente legal, que ya se ha hecho en Francia y ha funcionado". Según Díaz, la reunión que mantendrá mañana con Carrefour responde a la petición "con carácter de urgencia" por parte de la propia empresa para abordar este tema. "Estamos ante una situación excepcional y el modelo francés es razonable", ha remarcado Díaz, tras recordar que fue justamente Carrefour la que desempeñó esta tarea en Francia. Precisamente, esta empresa ha lanzado una cesta básica de 30 productos a un precio fijo (30 euros), una iniciativa que mantendrá hasta enero y con la que pretende "aliviar" la situación de las familias que, al limitarse su poder adquisitivo, han cambiado "de forma drástica" sus pautas de consumo.

En general, de las reuniones que mantendrá en los próximos días, la ministra cree que, como siempre, tanto distribuidoras como asociaciones de consumidores van a estar "a la altura" de las circunstancias. "Nunca he hablado de topes unilaterales, sino de acuerdos", ha subrayado la vicepresidenta segunda del Gobierno.

En el mismo sentido se ha expresado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. "En ningún caso es una puesta de precios máximos o una regulación de esos precios", ha asegurado en una entrevista en El Programa del verano de Telecinco.

Fuentes del Departamento que encabeza María Jesús Montero han aclarado a Europa Press que el Ejecutivo no aboga por una fijación unilateral de precios, sino que se pretende acordar con el sector y los afectados. "Hasta donde yo he escuchado, no ha habido ninguna propuesta respecto a que se haga una regulación o una intervención de los precios máximos de esos productos", ha señalado la titular de Hacienda.

Con todo, la ministra de Hacienda ha defendido que el Gobierno sigue atento a que la empresas no trasladen los precios al consumidor final. "El Gobierno no va a permitir que en esta crisis no haya una distribución justa de las cargas, de ese esfuerzo, y, por tanto, aquellos que se beneficien de forma extraordinaria con esta crisis, se les pedirá un mayor esfuerzo", ha remarcado.

En cambio, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado este miércoles que su formación respalda poner tope al precio de los alimentos básicos y ha advertido de que si no hay acuerdo por parte de las grandes empresas habrá que ir a medidas obligatorias.

En una entrevista en RNE, Belarra ha subrayado la necesidad de que esta propuesta salga adelante porque "hay gente que lo está pasando mal para pagar la compra del supermercado" y ha insistido en que el Gobierno tiene que tener claro qué intereses defiende y a quién defiende, por lo que ha precisado que Podemos "impulsará mecanismos obligatorios" si hace falta.

Ha considerado, no obstante, que buscar el acuerdo es una buena iniciativa ya que hay empresas que quieren arrimar el hombro en un momento difícil pero, de no ser así, "habrá que buscar vías obligatorias porque el Gobierno tiene que garantizar la justicia social".