AL igual que ocurriese en 1868 y en 1931, la transición a la democracia en España en la segunda mitad de la década de los setenta se produjo en el marco de una grave crisis económica. A mitad del año 1973 la economía española podía presentar unas credenciales extraordinarias: un crecimiento interanual del PIB del 8%, máximo de reservas (6.000 millones de dólares) y un 2% de tasa de paro. Sin embargo, en pocos meses la situación dio un vuelco notable: la crisis del petróleo en octubre, la muerte de Carrero Blanco en diciembre de ese año, la grave enfermedad de Franco desde julio de 1974 y el aumento de las tensiones sociales cambian las perspectivas económicas de forma radical en poco tiempo.

De todos estos hechos, la subida de precios del petróleo acordada por los países árabes de la OPEP es la que ocasionará un impacto económico más notable, pues si bien sus efectos se aplazaron hasta abril de 1974, gracias a los contratos firmados con anterioridad y a que el Gobierno optó por no trasladar las subidas del petróleo al precio de los combustibles, el aumento del coste de la provisión de petróleo se multiplicó por tres en 1974 y fue aumentando en los siguientes años, lo que deterioró gravemente la balanza de pagos y no incentivó a las empresas a reducir la intensidad energética, como lo hizo la práctica totalidad de los países de la OCDE, lo que provocó la disminución de la capacidad competitiva de nuestro sistema productivo.

Cuando Adolfo Suárez asume la Presidencia del Gobierno en julio de 1976, la situación económica sigue deteriorándose, pero tiene que concentrar la energía en desmontar la estructura institucional del franquismo y preservar el orden ante las crecientes tensiones sociales. En ese contexto, la política económica es acomodaticia, permitiendo que mientras el precio del crudo se multiplicaba por 5,3 entre 1973 y 1978, el precio del fuel-oil sólo lo hiciese por 2,6, y que la expansión monetaria no se frenase para evitar que la recesión económica perturbase la transición política.

La consecuencia de todo ello fue que la inflación se disparó hasta el 26,4%, que el déficit de la balanza de pagos siguiese aumentando y que las inversiones extranjeras se retrajesen, lo que provocó la reducción de las reservas, un creciente endeudamiento, el deterioro de la solvencia exterior de España y, con ello, el aumento de los costes de endeudamiento.

En este difícil clima económico alcanzó Suárez las elecciones de 1977, consciente de que era necesario un plan de estabilización antes de concluir los trabajos constitucionales, algo complejo en un clima social como en el que vivía España. Y es en este contexto donde toma decisiones valientes con las que ha pasado a la Historia: consciente de sus limitados conocimientos económicos, encarga a una persona de reconocido prestigio, Enrique Fuentes Quintana, la conducción de la política económica y, segundo, y más importante, comprende y respeta sus planteamientos, favoreciendo el imprescindible pacto de Estado que había que propiciar para hacer asumible un plan de estabilización en el corto plazo, que iba en dirección contraria a lo que las centrales sindicales y las fuerzas de izquierda venían alentando.

Como escribió Fuentes Quintana, "era evidente que si los problemas económicos no encontraban ni planteamientos ni respuestas eficaces (...), la legitimidad del régimen se iría erosionando hasta afectar a su propia continuidad", y por ello, por defender el proceso de instauración de un sistema democrático, es por lo que los problemas económicos eran una responsabilidad de todas las fuerzas políticas. Esto es lo que planteó Fuentes Quintana a Adolfo Suárez en julio de 1977, pero hasta septiembre no logró convencerlo por la división en el Consejo de Ministros respecto a su oportunidad y posibilidad. Fuentes Quintana insistió en la necesidad de un pacto de Estado, por la gravedad de la crisis, porque era necesario abordar reformas políticas que iban mucho más allá que unas medidas económicas y porque no existía constitución democrática. Finalmente se elaboró un documento de base que "fue analizado con el presidente del Gobierno en una sesión ininterrumpida de muchas horas", posteriormente se discutió con los ministros, y los días 8 y 9 de octubre se debatió en La Moncloa con los representantes de los partidos políticos. Finalmente, el Congreso de los Diputados lo aprobó el 27 de octubre.

Los Pactos de la Moncloa incluían, por una parte, un plan de saneamiento económico que trataba de estabilizar la economía con una política monetaria y presupuestaria restrictiva, un tipo de cambio realista y la flotación de la peseta, y una política de rentas según la cual los salarios deberían revisarse en función de la inflación prevista y no la histórica. Y, por otra parte, un conjunto de reformas estructurales que afectaban al presupuesto, al sistema fiscal, al sistema financiero, a las relaciones laborales y la reforma del marco de actuación de la empresa pública.

Los resultados fueron significativos en cuanto a crecimiento económico (aumento del PIB del 1,8% en 1978) y estabilización de la economía, reduciéndose la inflación, corrigiéndose el desequilibrio de la balanza de pagos y mejorando el excedente de las empresas que habían caído en picado, conllevando una retracción de la inversión productiva. También las reformas darían fruto con el tiempo en el ámbito fiscal, en el del sistema financiero y en el de las relaciones laborales. Es por ello, por lo que el programa económico, presentado en diciembre de 1978, preveía una recuperación más sólida para 1979 y años venideros. Pero la segunda crisis del petróleo, que se inició en abril de 1979 con una subida de los precios del crudo del 70%, fulminó las previsiones.

La segunda crisis del petróleo fue más profunda y afectó a la práctica totalidad de los países de la OCDE. En España produjo la intensificación de la crisis industrial, el debilitamiento de la competitividad, el intenso aumento del paro y de la inflación y el deterioro de las finanzas públicas. La política económica de los últimos casi dos años de gobierno de Adolfo Suárez se concentró en hacer frente a las consecuencias de la crisis del petróleo y continuar con las reformas estructurales, pero se encontró con el lastre de una situación política cada vez más inestable. El abandono del Gobierno del vicepresidente económico, Abril Martorell, fue una contrariedad significativa para el presidente Suárez, que se sumaba a los problemas económicos. El 21 de enero de 1981 Adolfo Suárez presentó la dimisión como presidente del gobierno, acosado por amigos y enemigos, pero también por una situación económica muy delicada y que requería un sólido soporte político para abordarla con el tiempo y la profundidad requerida.