El independentismo calienta motores, aunque estén (parezcan) gripados. Aprovechando la conmemoración del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre, este martes ha hecho un llamamiento a la desobediencia masiva (pacífica y no institucional), a la vez que ha escenificado una unidad hecha jirones entre los dos socios de gobierno, Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana (ERC), que se han comprometido a a apretar el acelerador hacia la "república catalana".

El manifiesto (firmado por representantes de Jxcat, ERC, la CUP, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural) no concreta cómo será la respuesta a la inminente decisión del Tribunal Supremo sobre los doce dirigentes independentistas en prisión preventiva que aguardan la sentencia, sino que se limita a abogar por la desobediencia civil, en la línea de la resolución aprobada en el Parlament el pasado día 26, que defiende "la legitimidad de la desobediencia civil e institucional como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados".

Poco después de la lectura de ese manifiesto, el presidente de la Generalitat, Quim Torra (que ha visitado a mediodía en la cárcel de Lledoners a los políticos presos), ha reunido a su Gabinete en una solemne y escueta comparecencia en la que ha prometido  caminar "sin excusas" hacia su ensoñación, siempre de forma democrática y pacífica.

Compromiso con la paz y el diálogo

El jefe del Govern ha evitado entrar en la controversia de si el referéndum ilegal de 2017 otorga legitimidad para desplegar la independencia y se ha limitado a afirmar que ese día fue "la jornada fundacional" de la república.

El vicepresidente, Pere Aragonès, ha defendido también la autodeterminación y ha destacado el compromiso del Govern con "la paz y el diálogo".

Ambos mantienen importantes discrepancias sobre cómo afrontar unas eventuales condenas del Supremo.

ERC vería con buenos ojos la convocatoria de unas nuevas elecciones catalanas –en las que partiría como favorita en las encuestas–, mientras que JxCat –y el presidente Torra– no quiere ni oír hablar de ellas y habla de una vía "desobediente" que vuelva a poner "la independencia en el centro", en palabras del jefe del Govern.

En vísperas de la Diada, el pasado 13 de septiembre, el ex presidente Carles Puigdemont –prófugo en Bruselas, "en el exilio" según sus conmilitones– sancionaba la idea de acudir a las urnas porque, dijo, "claramente debilitarían las instituciones". El líder de ERC, Oriol Junqueras, recogió el guante desde prisión y respondía en tuit: "¿Desde cuándo el ejercicio democrático del derecho a voto debilita las instituciones de un país?", se preguntaba.

Junqueras, como el presidente del Parlament, Roger Torrent, también plantea un Gobierno de concentración como respuesta para "fortalecer las instituciones", tal como Pere Aragonés, todos de ERC, apostaba por un Gobierno de concentración. Pero tanto Puigdemont como su sosias Torra rechazan esta opción.

Amnistía y autodeterminación

Con el Congreso de los diputados y el Senado disueltos por el interregno electoral, el Parlamento catalán se está mostrando muy activo. A la moción que aprobó el pasado 26 de septiembre llamando a la desobediencia civil e institucional, se suma la de instar al Govern a que impulse un "acuerdo nacional para la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos". la mayoría independentista de la Cámara también ha reclamado la salida de la Guardia Civil de Cataluña.

El encarcelamiento de siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) bajo la acusación de preparar atentados con explosivos desencadenó una gran bronca en el Parlament, con un agrio enfrentamiento entre la bancada de Ciudadanos (su presidente, Carlos Carrizosa, fue expulsado del hemiciclo) y diputados secesionistas, entre ellos Torra, que reclamaron a gritos la liberación de los detenidos.

Para enrarecer más el ambiente, se ha filtrado que cinco de los siete independentistas encarcelados supuestamente mantuvieron una "reunión secreta" el 15 de septiembre de 2018 con Anna Puigdemont, hermana de Puigdemont, para establecer "un sistema seguro de comunicaciones" entre el prófugo y su sucesor, algo que niegan alegando un maniqueo intento del Estado de "criminalizar" al independentismo. Una víctima colateral es el jefe de los Mossos, Andreu Martínez, que dimitió el lunes pasado. Las cargas contra los CDR durante sus 15 meses en el cargo le han pasado factura.

No ha habido incidentes de relevancia en las 40 manifestaciones que se han celebrado  por toda Cataluña. Los Mossos d’Esquadra han identificado a una persona en la una protesta en Gerona convocada por los CDR, por arrojar pintura a la línea policial, han informado a Europa Press fuentes de la Policía catalana. En Barcelona se han registrado algunos cortes de tráfico en una manifestación secundada por unas 18.000 personas, según la Guardia Urbana, que los organizadores elevaron hasta 50.000.