La idea de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de poner un límite de precios, temporal, a entre 20 y 30 alimentos básicos es de muy difícil aplicación. Casi imposible.

La también ministra de Trabajo no aboga por un decreto ley que suponga una intervención en el mercado -al modo del tope al gas, por ejemplo- sino por un acuerdo entre las cadenas de distribución alimentaria y los consumidores para ayudar con esta fórmula a las familias más vulnerables.

Lo primero, el decreto, es claramente ilegal, porque supone una intromisión en un mercado que, a diferencia del eléctrico, no está regulado. Se violarían, con claridad, las normas de libre mercado de la Unión Europea, y los ministros socialistas del Gobierno -entre ellos el competente en el ramo, Luis Planas- se han apresurado a decirlo.

Pero lo segundo, el pacto, también es de dudosa legalidad. Según fuentes de la distribución, se infringirían las normas de Competencia, que impiden cualquier convenio para la conformación de precios. Cada poco tiempo, vemos actuaciones del organismo competente, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) en las que multa a presuntos cárteles. Es difícil imaginar que todas las cadenas se pongan de acuerdo con luz y taquígrafos en algo que puede ser perseguido al día siguiente.

Además, la Ley de Cadena Alimentaria, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, prohíbe la venta a pérdidas. Es decir, no se puede vender un producto por debajo de lo que ha costado con el objetivo de usarlo como reclamo. Esa es una práctica que fue duramente criticada por los agricultores en el pasado, ya que tiraba hacia abajo los precios en origen. Además, la ley obliga -aunque muchas veces no se cumple- a que cualquier producto agrario o ganadero no se venda por debajo de los costes de producción. Si se reducen los precios de los productos básicos, la cadena se podría ver alterada.

Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, afirman que la reducción de precios se haría solo a costa de los márgenes de las grandes cadenas. Dan a entender que éstas los están ampliando gracias a la inflación. Pero la distribución sostiene que estos márgenes están solo entre el 1% y el 3% y que el negocio radica en vender mucho, es decir, en la alta rotación. Y sostienen que buena parte de la subida de costes que soportan no llega al consumidor. Los precios en origen, explican, han aumentado un 26%, los de la industria alimentaria un 18% y los de venta al consumidor un 13,5%. El incremento no se repercute en su totalidad, pues. Si tuvieran que reducir precios de una cesta básica probablemente habría subidas en otros productos para no incurrir en pérdidas. Y muchos operadores, que lo están pasando ya mal, tendrían que cerrar.

También refutan la idea de que el mercado está controlado por cinco cadenas únicamente, como afirma Díaz. Las cinco primeras de España tienen un 48% de cuota y las 200 restantes, muchas más que en los países de nuestro entorno, el 52%. En el hipotético caso de que hubiera un acuerdo entre las grandes para limitar precios, ¿qué pasaría con los operadores locales o las tiendas de barrio?  

La ministra defiende la viabilidad de la medida y se escuda en que es algo que ya se aplicó en Francia en 2011. Es la llamada cesta imprescindible, que es algo parecido a lo que ya ha anunciado Carrefour. La cadena francesa creará a partir del 12 de septiembre, y hasta el 8 de enero, una cesta básica con 30 productos a precios reducidos. Hace once años, bajo el mandato del conservador Nicolas Sarkozy, nueve cadenas (entre ellas Carrefour) hicieron algo parecido bajo el impulso del propio Gobierno francés. La medida duró unos pocos meses y fue criticada por algunas asociaciones de consumidores por su escaso alcance.

Esta medida sí que podría sortear las normas de Competencia -aunque no está claro- siempre que el acuerdo sea genérico y cada cadena decida qué productos incluir en la cesta, como sucedió en Francia. Pero tendría difícil encaje en la Ley de Cadena Alimentaria y, de hecho, los productores, en concreto COAG Andalucía, ya avisa que si detectan venta a pérdidas en algunos de los productos que rebaje Carrefour en su cesta denunciarán a la cadena.

De momento, las principales asociaciones de la distribución (Anged, Asedas y Aces) son muy prudentes oficialmente. Prefieren esperar a la reunión que mantendrán el lunes con la ministra, escucharla y a partir de ahí ver qué es posible y viable. Apuestan más por una rebaja generalizada del IVA (hay productos al 21%, 10% y 4%) y por que se considere a la distribución consumidor electrointensivo, ya que los costes energéticos se han doblado en el sector. Y por la libre competencia, algo en lo que son apoyados por el Ministerio de Economía, que apuesta por no tocar los márgenes de los distribuidores.

Los consumidores, por su lado, están con la ministra e incluso a favor de la intervención -caso de Facua, que sí considera que está habiendo beneficios abusivos por parte de la distribución alimentaria- o recelosos, como es el caso de la OCU, que pide un cheque de 200 euros para que las familias vulnerables tengan garantizados los alimentos básicos.