El nuevo partido de la izquierda abertzale, Sortu, ha alegado ante el Tribunal Supremo que su legalización "acelerará" la desaparición de ETA, ya que sus estatutos suponen "la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político" para quienes practican la violencia.

Así lo recoge el escrito de 245 folios, registrado en el Alto Tribunal y redactado por los abogados Íñigo Iruin y Adolfo Araiz, que concluyen pidiendo al Supremo que desestime las demandas presentadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía y ordene al Ministerio del Interior la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos.

"Los estatutos de Sortu y su legalización conducirán al fin de la violencia en el País Vasco y en el Estado, porque suponen la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político para que quienes la practican puedan continuar con su actividad, y cualquiera que sea el proceso de su desaparición es evidente que ésta se acelerará", señalan las alegaciones.

El escrito insiste en esta idea al asegurar que "el contenido de sus estatutos convertirá a Sortu, una vez legalizada, en un agente activo de deslegitimación política e ideológica de la violencia y el terrorismo, contribuyendo a que se produzca el fin de la 'lucha armada' de ETA, por cuya desaparición aboga sin duda alguna".

Las alegaciones niegan también que Sortu sea una sucesión de Batasuna, señalando que sus estatutos suponen la materialización de "una ruptura orgánica, funcional y de actividad con los partidos ilegalizados", que además es irreversible.

"No se pretende la refundación o reconstitución de Batasuna ni de manera formal ni disfrazada; ni mientras subsiste ETA ni cuando desaparezca, porque también entonces será imposible jurídica y materialmente. Y no existe esa similitud porque se han alterado los elementos esenciales de lo que era Batasuna y que dieron lugar a la ilegalización", dice el escrito.

Los abogados de Sortu acusan a la Abogacía y al Ministerio Público de "sobreactuar o dimensionar en exceso incluso realidades inexistentes" y les reprochan haber incorporado a sus demandas "nuevas exigencias no jurídicas", subiendo el listón "más allá de lo que desde el Gobierno y la Fiscalía se decía antes del acto del (Palacio) Euskalduna" en el que se presentó el partido.

De este modo, aseguran que los demandantes están planteando un requisito "de naturaleza política" y ajeno a la Ley de Partidos: que junto al rechazo de Sortu a la violencia de ETA, "ahora es ETA la que tiene que rechazar u oponerse a la actuación de Sortu, como muestra de la inexistencia de fraude de ley y de continuidad o sucesión de Batasuna".

En este sentido, señalan que la lógica de los demandantes "es, además de perversa, contradictoria" ya que plantean una contratesis a sus alegaciones para que el nuevo partido no sea inscrito afirmando que "es ETA/Batasuna la que ha creado, decide y dirige el nacimiento de Sortu" y pretendiendo "imputar a Sortu la responsabilidad del futuro de ETA".

Añaden que la izquierda abertzale "puede rechazar y condenar la violencia de ETA, pero no puede imponer su disolución", por lo que entiende que no debe privarse a los ciudadanos que se consideren parte de ese colectivo de los derechos fundamentales de asociación y participación política.

A su juicio, "supondría aceptar que la existencia de ETA acarrea la criminalización política de todo ese movimiento social, lo que es inaceptable en un Estado de Derecho".

"Es ahora, con ETA en suspensión de sus actividades terroristas, cuando tiene auténtica trascendencia que desde la izquierda abertzale nazca una fuerza política que rechace de manera indubitada la violencia y el terrorismo de esa organización y contribuya con los demás agentes políticos y la sociedad en su conjunto a dejarle huérfana de cualquier respaldo social y político", concluyen.