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El conflicto catalán

Junqueras se querella por la advertencia del Supremo a las cárceles catalanas

  • El ex vicepresidente de la Generalitat pide que se investigue la advertencia de que excarcelar a los líderes independentistas por el virus sería prevaricar

  • Iceta cree que los presos del 'procés' deberían estar en casa confinados si el reglamento lo permite

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras al salir por primera vez para trabajar de la cárcel de Lledoners. El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras al salir por primera vez para trabajar de la cárcel de Lledoners.

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras al salir por primera vez para trabajar de la cárcel de Lledoners. / Susanna Sáez / efe

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha presentado una querella por coacciones y amenazas en los juzgados de Manresa (Barcelona) en la que pide que se investigue la advertencia del Supremo de que excarcelar a los líderes independentistas por el coronavirus sería delito.

En su querella, presentada también por un delito contra los derechos cívicos fundamentales, el líder de ERC pide que se investigue el origen del mensaje que el servicio de prensa del Supremo remitió la semana pasada a los medios, después de que la Generalitat anunciara que estudiaba resquicios legales para que los presos con el 100.2 pasaran el confinamiento en su casa.

En ese mensaje remitido a la prensa, el Supremo advertía de que excarcelar a los líderes independentistas presos podría ser un delito de prevaricación y avisaba de que pediría explicaciones a los miembros de las juntas de tratamiento de las cárceles que permitieran a los presos del 'procés' pasar la cuarentena en sus casas.

Finalmente, las cárceles catalanas acordaron permitir confinarse en sus domicilios a una quincena de presos que tenían autorizadas salidas para trabajar en aplicación del artículo 100.2, pero ninguno de ellos los líderes del procés.

En su querella, Oriol Junqueras pide que se identifique a los responsables de la "confección y emisión del mensaje amenazador y coactivo" del Supremo, que a su parecer supone un "inmerecido ataque a la separación de poderes, a la libertad de toma de decisiones administrativas independientes, a la neutralidad en la actuación de funcionarios y al respeto a los derechos civiles".

Según el ex vicepresidente de ERC, el anuncio del Govern de que estudiaría vías legales para mandar a su casa a los presos con el 100.2 respondía de las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que emplazó a las autoridades a reducir el número de presos por la COVID-19.

En ese sentido, sostiene Junqueras en su querella que el mensaje del Supremo supone una "amenaza a la tranquilidad y a la libre formación de la voluntad de los miembros de las juntas de tratamiento" de las prisiones catalanas.

La querella pide al juzgado de Manresa que investigue los hechos y, para ello, cite a declarar como testigos a los responsables de prensa del Supremo y a los miembros de las juntas de tratamiento que el pasado jueves descartaron mandar a los líderes del 'procés' a su casa a pasar el confinamiento.

Torra tercia a favor de los reclusos

El líder del PSC, Miquel Iceta, considera por su parte que "no hay que hacer distinciones entre presos" y que, por este motivo, los independentistas encarcelados por el procés deberían poder pasar el confinamiento en sus casas si el reglamento así lo permite para quienes ya estén trabajando en el exterior.

"Creo que no hay que hacer distinciones: todos los presos en tercer grado pueden pasar el confinamiento en casa y los que estaban desempeñando trabajos fuera de la prisión también se pueden acoger, según lo que establece el reglamento penitenciario", ha expuesto este lunes en una entrevista en Ràdio 4.

Para Iceta no tiene sentido tratar a los presos independentistas de forma distinta al resto de internos y por eso deberían ser los funcionarios del Departamento de Justicia de la Generalitat -que tiene las competencias penitenciarias- quienes analizaran cada caso concreto para después, atendiendo a la normativa, determinar dónde se debe pasar el confinamiento.

En este sentido, ha admitido "no entender" la comunicación del Tribunal Supremo (TS) que advertía de que se podía incurrir en riesgo de prevaricación si se permitía que los políticos presos pasaran el confinamiento en sus domicilios.

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