El conflicto catalán

El Gobierno reabre la espita del 'procés'

  • Campo deja caer la bomba del inicio de la tramitación de los indultos a los 12 dirigentes independentistas condenados como quien no quiere la cosa

  • La desvincula de la mesa bilateral Generalitat-Moncloa y de la negociación de los Presupuestos

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso. / Emilio Naranjo (EFE)

La pandemia ha dejado en un segundo (o tercer) plano el proceso soberanista del independentismo catalán. Parece que ha pasado una eternidad pero no hace ni un año que el Supremo imponía severas condenas, de entre nueve y trece años de prisión, por sedición y malversación a los doce líderes independentistas que sentó en el banquillo por el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. Poco después del mazazo judicial, que incendió las calles catalanas, el 10 de noviembre, se celebraban las cuartas elecciones generales en menos de cuatro años, y el protagonismo del independentismo sin seny crecía exponencialmente: los votos de ERC resultaron indispensables para investir a Pedro Sánchez como presidente del primer Gobierno de coalición de la democracia. Y hace solo siete meses que se veían las caras las delegaciones del Gobierno y de la Generalitat en el Palacio de  la Moncloa. Como telón de fondo, la aprobación pendiente de los nuevos  Presupuestos Generales del Estado (un camino que se bifurca entre las opciones de ERC y Ciudadanos), indispensables para canalizar los 140.000 millones de euros de ayudas que llueven cual maná desde Bruselas para paliar la ruina económica (a nivel personal y empresarial) que está dejando el Covid-19. Y el runrún de una reforma del Código Penal que  podría acortar las penas de los independentistas.

Todo esto -el procés, sus condenas, la mesa bilateral de diálogo, la negociación de los Presupuestos y la reforma del decimonónico delito de sedición- estaba aletargado a los pies del virus, omnipresente monotema. El president, Quim Torra, que nunca ha dejado de sacar los pies del tiesto con sus soflamas binarias, es otro protagonista de esta película y su inminente inhabilitación por desobediencia (por negarse a retirar del balcón del Palau una pancarta a favor de los políticos presos) también marcará este proceso con unas elecciones que se resiste a convocar (nada raro, el secesionismo está cuarteado con el nuevo partido del ex president a la fuga Carles Puigdemont.

Y todo esto ha aterrizado este miércoles de golpe y por sorpresa en el frontispicio de la actualidad de la mano del ministro de Justicia durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El protagonismo parecía reservado al gran ausente, Pedro Sánchez, de viaje en Bruselas, pero se lo ha birlado en un momento Juan Carlos Campo, con una simple frase que ha caído como una bomba en la Cámara Baja y ha pillado a contrapié incluso a los nacionalistas catalanes.

Incredulidad de JxCat

“En cuanto a este Ministerio se refiere (…), también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene”, ha dicho Campo en respuesta a las preguntas de la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, sobre “la deriva” de la justicia española.

Los indultos se refieren a los presos soberanistas y el revuelo ha sido inmediato. A los independentistas eso de la medida de gracia les sabe a poco al sentirse injustamente condenados. Así lo ha declarado uno de ellos, el ex vicepresident Oriol Junqueras, que reclama la amnistía.

Enfrente, el PP y Vox, que ya han puesto pie en pared ante esa aterradora posibilidad de que los condenados por tratar de romper España salgan de rositas.    

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles desde el mismo patio del Congreso que su partido recurrirá los indultos a presos independentistas ante el Tribunal Supremo "si llegan a aprobarse".

Los conservadores también van a plantear que "se acaben los acercamientos de presos etarras, algunos con delitos de sangre, a cambio de la derogación de la reforma laboral o de los Presupuestos Generales del Estado que pacta con Bildu". 

"La degradación institucional que sufre España tiene que detenerse ya. Vamos a ser un freno a la deriva a la que este Gobierno, lo está llevando", ha dicho el jefe de la oposición, con su inquebrantable defensa de la Constitución por montera: "Si Sánchez no defiende los intereses de los españoles, el Partido Popular está dispuesto a defender a España".

La portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha alertado por su parte de que este anuncio demuestra que el Gobierno "social-comunista" de Pedro Sánchez ha permitido "la consumación del golpe de Estado que se perpetró en Cataluña en 2017" con el objetivo de "mantenerse en el poder".

"Como de concederse será claramente ilegal, podemos asegurar es que defenderemos la ley con todas las acciones legales a nuestro alcance", ha agregado Olona.

El ministro, que para ser de la localidad sevillana de Osuna se hace muy bien el sueco, ha desvinculado su iniciativa de tramitar los indultos a los independentistas de la negociación de los Presupuestos o de la reactivación de la mesa bilateral Gobierno-Generalitat.    

Desde el Ministerio de Justicia han apuntado que, “una vez superado el atasco provocado por la pandemia, a lo largo de la semana que viene se dará trámite a estas solicitudes de indulto, reclamando los informes del tribunal sentenciador y la Fiscalía”.

Procelosa tramitación

La tramitación de las peticiones de indulto suele superar los seis meses. En el caso del procés, la primera llegó en enero y se refería a todos los condenados, pero en los meses siguientes se han presentado más y en cada expediente individual se acumulan las distintas solicitudes que se hayan hecho sobre esa persona.

La última petición de indulto para los condenados del procés se presentó el pasado mes de agosto en favor de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell por parte de sus predecesores Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert. El Gobierno de Sánchez también tiene sobre la mesa otra demanda en el mismo sentido instada por UGT en beneficio de la ex consejera Dolors Bassa.

Los trámites de solicitud de indultos son particulares y pueden registrarse por los afectados o por parientes o personas en su nombre y deben someterse al criterio del tribunal sentenciador, en este caso la sala segunda del Tribunal Supremo.

No obstante, el dictamen que emita el tribunal, ya sea favorable o desfavorable a la medida de gracia, no será vinculante para el Gobierno. La concesión de los indultos compete luego al Rey a propuesta del ministro de Justicia tras deliberarse en el Consejo de Ministros.

Existen diferentes clases de indulto. Podrá ser total, remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido, o parcial, remisión de alguna de las penas impuestas o de parte de algunas que el implicado no hubiese cumplido.

Indultos polémicos 

Entre los indultos más polémicos figuran los de un comandante y un capitán médicos condenados por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del Yak-42; el del consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz, que fue condenado a tres meses de arresto e inhabilitación temporal por un delito de acusación falsa; el de un guardia civil condenado por la Audiencia de Asturias por grabar una agresión sexual; el de cuatro mossos de d'Esquadra condenados por torturar a un hombre detenido por error, amenazarlo, golpearlo y meterle una pistola en la boca para obligarle a confesar, o el de un conductor kamikaze que cumplía una condena de 13 años de cárcel por conducir varios kilómetros en dirección contraria hasta que chocó frontalmente con otro vehículo cuyo conductor resultó muerto.

Y si un indulto tuvo repercusión fue el de Rafael Vera y José Barrionuevo, ex ministro Interior y el ex secretario de Estado del gobierno de Felipe González, condenados por el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés al que confundieron con un cabecilla etarra, en una de las acciones de los GAL.  Fueron condenados a 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación por los delitos de detención ilegal y malversación de fondos públicos. En diciembre de 1998 el Gobierno de José María Aznar les concedió, junto a los demás condenados, el indulto parcial y el tercer grado penitenciario.

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