El análisis de toda la documentación que portaba Ekaitz Sirvent en el momento de su detención en la estación de Montparnasse, el 11 de abril pasado, hace que la Policía eleve cada vez más su posición dentro del organigrama de ETA.

A las conclusiones sobre la última asamblea virtual celebrada por la organización tras la tregua, hay que sumar una lista con decenas de empresarios vascos y navarros puestos en la diana de la extorsión que la banda lleva a cabo a través del denominado impuesto revolucionario.

Dos días después de la detención de Sirvent, el diario Gara hacía público un comunicado de la banda en la que ésta analizaba las últimas elecciones autonómicas y colocaba al nuevo Gobierno vasco entre sus objetivos. El etarra llevaba en el momento de su detención hasta treinta borradores distintos de ese comunicado de ETA, con correcciones realizadas por él mismo.

La incautación de esa larga lista de empresarios podría contribuir al descontrol que reina en la recaudación del impuesto revolucionario. A finales del pasado mes trascendió que ETA había remitido una carta a un niño de 14 años, utilizando la táctica de doblar la primera amenaza para que la reciba el empresario y un familiar, como método de amedrantamiento.

Las cantidades exigidas en estas nuevas cartas han aumentado y, en algunos casos puntuales, llegan a superar el medio millón de euros. Aunque difícil de medir, las fuentes consultadas apuntan a un descenso en el pago de las extorsiones, unas veces por decisión de hacer frente a la amenaza y otras por las dificultades para encontrar los cauces habituales de pago.