La reforma educativa que se ultima en la Comisión de Educación del Congreso, la Lomloe o ley Celaá, prohibirá que los centros educativos que reciben parcial o totalmente fondos públicos, es decir, los concertados y públicos, separen por sexo.

Lo fija la enmienda transaccional acordada por los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y el Grupo Republicano, que saldrá delante previsiblemente este viernes en la reunión de la Ponencia que está estudiando y votando las más de 1.160 enmiendas parciales a la Lomloe.

Con esta enmienda, destacaron a Efe fuentes de Unidas Podemos, se pretende “garantizar la igualdad en el sistema educativo español que había quedado mermada con la aprobación de la Lomce”.

“Prohibimos que reciban, parcial o totalmente, fondos públicos las escuelas que segregan alumnos por sexos” y “todos los centros educativos, públicos, privados y concertados, deberán incorporar medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en sus planes de acción tutorías y de convivencia”, recalcan las citadas fuentes.

También han añadido que tendrán que establecer “medidas orientadas a eliminar la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y de diversidad”.

Recurso de Vox al TC

Vox ha anunciado este jueves por su parte que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma educativa por ser una “ofensiva contra los derechos de los ciudadanos y la unidad nacional” al retirar el español como lengua vehicular de la enseñanza.

Lo ha explicado a Efe el portavoz de Educación de Vox, Joaquín Robles, que asistió ayer a la reunión de la Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso.

El anuncio de recurso ante el TC a la Lomloe se une a los hechos ya por PP y Ciudadanos.

Robles ha criticado la enmienda transaccional acordada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC porque tiene el objetivo de “erradicar el español de las comunidades con lengua cooficial”.

Para Vox, el retirar de la norma que el castellano es lengua vehicular supone que la “única lengua vehicular que va a quedar es la que decida la comunidad autónoma respectiva”.

Robles ha señalado que es “anticonstitucional” y que, además, se utiliza la lengua para la “secesión”, y Cataluña se desvinculará de España en cuanto nadie hable ya el español.

Para Vox, es una “anomalía” que no se defienda el idioma de un país, y Robles ha destacado que ello no quita que se quiera que los alumnos de comunidades con lengua cooficial no la estudien.

El diputado ha criticado asimismo la ley Celaá en cuanto a los artículos sobre la enseñanza concertada al impedir a los padres sus derechos para elegir la elección de centro.