El Ministerio de Educación y Formación Profesional presentó un recurso por la vía contencioso-administrativa contra el pin parental implantado en los centros educativos de Murcia a principios de curso y solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Murcia su suspensión cautelar.

El recurso llega un día después de finalizar el plazo del requerimiento que Educación remitió el 17 de enero a la Consejería de Educación y Cultura de Murcia, instando a retirar de las instrucciones de inicio de curso esta medida que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en sus centros educativos.

Educación cuestiona la iniciativa en tanto no hay registradas quejas por adoctrinamiento

El Gobierno de Murcia, formado por PP y Ciudadanos, no ha dado marcha atrás y dejó sin respuesta el requerimiento del Ministerio de Educación. "No lo vamos a hacer porque lo dice un gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres", aseguró el viernes el presidente de Murcia, Fernando López Miras, presisando que sólo retirará el pin parental si así lo determinan las instancias judiciales.

El lunes, cuando terminó el plazo del requerimiento enviado por el Ministerio, Celaá tildó de "sorprendente" que Murcia "no reponga la vulneración del derecho a la educación" que, en su opinión, representa el pin parental.

"El PP lleva 25 años gobernando en Murcia y no han declarado jamás que hubiera adoctrinamiento. Es más, su presidente dice que no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué inventárselo?", dijo Celaá, acusando al Gobierno de López Miras de ceder ante grupos "fundamentalistas", en velada alusión a Vox, que exige el pin parental para apoyar los presupuestos en Murcia.

El requerimiento del Ministerio de Educación fue la reacción del Gobierno de España al acuerdo de PP, Cs y Vox para los presupuestos de Murcia, que incluía el pin parental.

El Gobierno de Murcia quiere ahora consagrar esta medida en un decreto, aunque su intención es que la autorización parental sea obligatoria sólo en actividades complementarias impartidas por personal ajeno al centro educativo que no sea funcionario, lo que eximiría a policías, médicos u otros profesionales de la administración.