España

Camps será juzgado por cohecho

  • El TSJCV sigue adelante con la causa contra el presidente valenciano al entender que hay "suficientes indicios racionales" de su implicación en el caso Gürtel · Estima que una empresa de Correa pagó los trajes

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El juez que instruye la rama valenciana del caso Gürtel, José Flors, dio ayer un paso más en la acusación contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, por un presunto delito de cohecho. El juez rechazó el sobreseimiento solicitado por la defensa del dirigente popular y fijó una fecha para que las partes presenten sus acusaciones. Esto es, un paso más cerca para que Camps se siente en el banquillo de los acusados.

El próximo día 15, las partes, es decir, la Fiscalía y las defensas, deberán presentar sus escritos, fase en la que todavía se puede volver a solicitar el archivo de la causa. En ese supuesto, sería la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la que lo estudiaría. A las 10:30 de ese mismo día, el juez fija la celebración de la comparecencia en la que las acusaciones "deberán concretar la imputación, y las defensas alegarán lo que estime oportuno, pudiendo solicitar nuevamente el sobreseimiento".

Con su decisión, que aún no es firme, el juez acuerda poner fin a las diligencias previas incoadas y señala que no ha lugar al sobreseimiento libre y archivo de la causa, que habían solicitado los imputados. El auto del magistrado explica que existen "suficientes indicios racionales para estimar que los hechos objeto del procedimiento" que se imputan a Camps, a su número dos, Ricardo Costa, y a otros dos altos cargos valencianos, Rafael Betoret y Víctor Campos, "pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho".

En su auto, el juez afirma que existe "constancia" de que las prendas de vestir adquiridas por Camps en diferentes tiendas, donde fue atendido por el sastre José Tomás, fueron pagadas por sociedades vinculadas a Orange Market, una de las empresas del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y no por él mismo, "como afirmó en su declaración" judicial. Flors sostiene que estos hechos pueden constituir un delito de "cohecho pasivo", por aceptar "dádivas o regalos" ofrecidos "en consideración a su función". La resolución atribuye una conducta similar a los otros tres imputados en la causa.

"Según parece desprenderse de las diligencias practicadas", los imputados "resultaron beneficiados por la recepción de las prendas de vestir cuyo precio pagó un tercero", indica el magistrado. Así, el auto señala que no hay constancia de que los imputados abonaran el precio de las prendas que recibieron "directa ni indirectamente" al establecimiento vendedor, "y sí la hay en cambio" de que los importes fueron pagados "mediante la entrega de dos cheques librados contra la cuenta de Orange Market".

El juez, precisa que, aunque el precio de esas prendas pudiera parecer "escaso o ridículo en comparación con la magnitud de la función desempeñada por alguna de las personas obsequiadas", esto "no es excluyente del desvalor de su acción objetivamente considerada". La finalidad de estos regalos "no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor", indica el juez.

En cuanto a la declaración del sastre José Tomás, el juez dice que de ella "no se desprende ningún sentimiento de enemistad, odio o venganza" hacia los imputados.

Si en la vista del día 15 se desestima de nuevo el sobreseimiento, el juez podrá practicar una serie de diligencias de investigación solicitadas por las partes. Una vez practicadas, ya sería el momento de dictar la apertura de juicio oral y que los ahora imputados se sentaran en el banquillo de los acusados para enfrentarse ante un jurado popular. De todas maneras, si Camps fuera finalmente a juicio, la condena a la que se enfrentaría por recibir regalos a cambio de adjudicaciones sería de una multa de entre tres y seis meses, con lo que en ningún caso iría a prisión.

La investigación de este caso comenzó en manos de Garzón hasta que entre los implicados aparecieron aforados regionales y nacionales del PP, y el magistrado tuvo que abandonar el caso e inhibirse en favor del los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana.

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