El Gobierno defendió ayer, en mitad de las críticas de partidos, sindicatos y ONG, la legalidad de su decisión de devolver a Marruecos los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado miércoles, un suceso que el Ejecutivo tachó de "inaceptable" y que, según advirtió, no va a consentir más.

Lo hizo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que subrayó que la expulsión de este grupo no supone en ningún caso que el Gobierno haya variado "un solo ápice" su política migratoria.

El PP exige una política de inmigración "seria" en vez de "parches" y "cambios de criterio"

Una política cuyos pilares son el respeto de los derechos humanos y de la seguridad de las fronteras y que siempre cumple escrupulosamente con la legalidad nacional e internacional, añadió.

Lo ocurrido el miércoles, que tildó de "inaceptable", es "una situación completamente distinta" a las operaciones de salvamento en el mar, más aún porque los inmigrantes hicieron uso de "herramientas e incluso sustancias" con las que causaron lesiones a siete agentes de la Guardia Civil.

En su opinión, no es "aceptable el riesgo que corren nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad", por lo que el Gobierno "no va a mirar para otro lado" en este asunto.

"No es forma de tratar a nuestro país, de forma violenta", zanjó la vicepresidenta, quien aseguró que las más de 100 personas que entraron de manera irregular y "agresiva" han sido atendidas "jurídicamente una a una, con todas las garantías propias de un Estado de Derecho".

Con todo, justificó la devolución de estas personas, todas ellas adultas, puesto que los menores se han quedado aquí "y se les va a atender como les corresponde", porque obedece a un convenio bilateral de 1992 ya "utilizado en otras ocasiones", por el que Marruecos debe readmitir a los inmigrantes irregulares si se demuestra que han accedido desde su frontera a España.

Sin embargo, los doce abogados que el pasado miércoles atendieron a los 116 inmigrantes que saltaron violentamente la valla fronteriza de Ceuta presentarán un recurso de alzada contra la aplicación del citado convenio para la devolución de estos a Marruecos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, exigió al Gobierno una política de inmigración "seria y eficaz" y aseguró que lo que se ha visto hasta ahora "son parches, rectificaciones, cambios de criterio y una política de inmigración totalmente demagógica e inconsistente".

El despliegue del Ejecutivo para atender y acoger inmigrantes fue defendido ayer por el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien criticó la "inacción y la poca humanidad" del Ejecutivo del PP con estas personas durante años.

Pero diversas ONG han afeado el "cambio de estrategia" del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la inmigración y recelan de la legalidad de esta expulsión, ya que sospechan de que la celeridad con que se hizo, en apenas 24 horas, impidió que se respetaran los derechos de los inmigrantes.

Como Save the Children, que mostró "sus dudas" de que se hayan podido identificar a menores de edad. "Lo sucedido ayer no responde a una política centrada en los derechos humanos y la defensa de la infancia", censuró el director general, Andrés Conde.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha denunciado al Defensor del Pueblo la "deportación express".