El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concluido la investigación del juez Baltasar Garzón por los cobros de la Universidad de Nueva York y ha llegado a una conclusión: el magistrado no ha cometido ninguna falta disciplinaria por recibir una remuneración económica a la vez que seguía cobrando su sueldo como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Por eso, la Comisión Disciplinaria acordó ayer por unanimidad archivar la causa, cuya apertura ordenó el Tribunal Supremo. Con esta decisión, el órgano de gobierno de los jueces da por válido el informe del Servicio de Inspección, que concluyó que el comportamiento de Garzón no fue irregular.

La Comisión argumenta que el magistrado solicitó una licencia de estudios y no una autorización de compatibilidad. Por lo tanto, no puede entrar en la valoración de la cantidad económica cobrada durante su estancia en la Universidad de Nueva York.

Tal y como decía el informe del Servicio de Inspección, cuando Garzón solicitó la licencia de estudios, la Comisión Permanente no consideró necesario que el juez pidiera la compatibilidad sino un permiso de estudios porque durante el periodo como docente no iba a desempeñar su función como magistrado.

Sin embargo, aunque Garzón hubiera tenido que solicitar esa compatibilidad "en ningún caso hubiera sido compatible" con el cargo de juez porque, según recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera incompatible el ejercicio de un juez "con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica (...)".

Al ser el archivo una decisión unánime de los cinco vocales que componen la Comisión Disciplinaria, en un principio esto supone el carpetazo de la investigación. Sin embargo, si algún vocal no está conforme con este criterio podría solicitar el envío del asunto al Pleno para su discusión.

El Consejo inició esta investigación a instancias del Tribunal Supremo, que archivó una querella por un presunto delito de prevaricación contra Garzón pero solicitó al órgano de los jueces que le investigara por si pudo incurrir en una falta disciplinaria al no informar de los 203.000 dólares que iba a cobrar por impartir clases.

Tal y como ya recogió la jefa del Servicio de Inspección, Virginia García, Garzón sí informó al órgano de los jueces que iba a percibir una cantidad económica por su labor de docente en la universidad, cuando solicitó el permiso de estudios y docencia. Incluso, informó que el centro le iba a cubrir no sólo los gastos de desplazamiento y vivienda sino también el mantenimiento personal y familiar, lo que implica el abono de una cantidad necesaria como medio de vida del magistrado.

Lo único que no hizo el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional fue especificar la cantidad que iba a percibir porque, según alegó en su escrito, en ese momento todavía no estaba fijada. De todas maneras, el servicio de inspección recuerda que en ningún momento la Comisión Permanente le pidió a posteriori ninguna aclaración sobre el importe de la retribución.