Los dos partidos que integran la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han alcanzado un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y la ley de vivienda. La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado  que el proyecto se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario, previsiblemente esta misma semana.

En una entrevista en La Sexta, Díaz ha mostrado su "satisfacción" por el acuerdo presupuestario entre los socios de Gobierno tras una negociación "muy compleja" que ha dado lugar a unas cuentas que garantizan que "la recuperación será justa" y que demuestran que "la coalición goza de muy buena salud".

El acuerdo va ligado a una ley de vivienda "que nos europeiza", según Díaz, quien sin dar detalles ha avanzado que va a facilitar el alquiler a los jóvenes y cambiar el "paradigma" de esta política, también en materia de vivienda pública.

En materia tributaria, se ha limitado a señalar que "toca que las grandes sociedades que a día de hoy no pagaban impuestos los paguen", en línea con la reclamación de Unidas Podemos de establecer un tipo efectivo mínimo del 15% del impuesto de sociedades. "Ahora toca negociar con los socios de investidura", ha añadido, al tiempo que se ha mostrado convencida de que se logrará un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos. EFE

El acuerdo pone tope a precios de grandes arrendatarios

La diputada de En Comú Podem Aina Vidal ha celebrado que el PSOE "finalmente haya entrado en razón" y que el Gobierno de coalición haya llegado a un acuerdo para regular los alquileres, entre otras cosas limitando los precios a los grandes tenedores, y ha dicho que están "prudentemente contentos".

Ha adelantado Vidal que una de las medidas incluidas en la nueva ley de vivienda será la limitación del precio del alquiler para los grandes propietarios (más de diez viviendas) con un tope que no ha concretado y otras medidas que tampoco ha detallado. Incluye también la regulación de precios para bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado y la retirada de privilegios fiscales.

Para los pequeños propietarios -uno de los aspectos que preocupaba mucho a los socialistas- se congelan los precios y se les incentiva para que bajen la renta a sus inquilinos. Se contempla un impuesto para gravar la vivienda vacía a través del recargo del IBI hasta el 150%, que podrán aplicar los ayuntamientos.

La nueva ley apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de este 30%, la mitad irá destinado a alquiler social).

Se salva de este modo, ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso, "el escollo más importante" para que Unidas Podemos apoye los presupuestos generales del Estado de 2022. "Estamos más cerca", ha dicho.

La ley de vivienda era uno de los principales requisitos planteados por Unidas Podemos para dar el visto bueno a las cuentas, que deberán ser aprobadas en primer lugar en el Consejo de Ministros para pasar posteriormente al Congreso de los Diputados para su votación.

El acuerdo llega fuera del plazo normativo, que establece que los presupuestos tienen que llegar a la Cámara Baja antes de finales de septiembre, y después de semanas de negociaciones entre los dos socios del Gobierno de coalición, aceleradas en los últimos días.

Fuentes de la formación morada han asegurado que las ministras de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Derechos Sociales, Ione Belarra, han sido las que han cerrado el acuerdo en materia de vivienda por la parte de Unidas Podemos en el Ejecutivo.